Madrid, 3 dic (EFE).- El movimiento asociativo de personas con discapacidad reclama un “modelo de desarrollo sostenible más inclusivo” y lamenta que “no se tenga plenamente en cuenta la realidad de este grupo social a la hora de formular políticas públicas, también de carácter medioambiental”,  señalan desde varias entidades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los DD. HH. y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, recuerda que las decisiones que se adopten en este sentido deberán “alinearse con los instrumentos de derechos humanos ya vigentes, como la Convención de la ONU sobre Discapacidad”, con el objetivo de garantizar, entre otros, “el derecho humano de todas las personas al disfrute de un medio ambiente saludable”.

Asegura que los compromisos asumidos por la Agenda 2030 “marcan la hoja de ruta en términos de inclusión” para afrontar estos desafíos y, asimismo, representan la oportunidad de “catalizar y estimular el cumplimiento de los tratados de derechos humanos”.

Martín reivindica, en entrevista con EFEverde, la necesidad de “eliminar las barreras de accesibilidad” que impiden que “las personas con discapacidad se constituyan como agentes activos en la lucha contra el cambio climático”.

Reivindica además una “mayor participación del colectivo en el movimiento ecologista”, ya que según el delegado del CERMI: “el ecologismo o es inclusivo o no es” y “reverdecer la acción social” también implica “tejer alianzas con la sociedad civil de la discapacidad” a fin de “sumar más voces a la agenda verde y teñirla de inclusión”.

En opinión del director de la red Plena Inclusión, Enrique Galván, resulta imprescindible “convertir la accesibilidad cognitiva en el eje central de la educación ambiental” para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan “tomar conciencia de su responsabilidad ciudadana en las cuestiones relativas a la crisis climática” y no queden “encapsuladas en la exclusión”.

 “Hay que construir políticas transversales que reflejen fielmente las necesidades de la discapacidad” porque ésta “no se circunscribe únicamente al ámbito de lo social”, por el contrario, “atraviesa la cultura, la educación y, por supuesto, la emergencia climática”,  coinciden en destacar Galván y Martín.

Transición ecológica justa e inclusiva

Según el Delegado del CERMI, un proceso de transición ecológica justo e inclusivo deberá acompañarse de medidas de protección social que permitan minimizar “el impacto negativo de la ecologización de la economía” sobre “sectores y áreas geográficas potencialmente vulnerables”.

Añade  además que debe integrar variables como “las circunstancias socioeconómicas, la discapacidad o el género”, que sitúan a las personas en “posiciones estructuralmente marginales y de desventaja”, obstaculizando así su adaptación a una sociedad descarbonizada.

Por ello incide en la importancia de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética contribuya a la configuración de un nuevo paradigma productivo, basado en la inclusividad y la justicia social, que asegure “los ingresos para transitar hacia energías renovables, el acceso a viviendas en condiciones de eficiencia energética y salubridad y, en definitiva, la erradicación de esta forma de pobreza”.

Empleo verde inclusivo

En declaraciones a EFEverde, la directora gerente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Elena Antelo, sostiene que “la generación de empleo verde inclusivo no sólo empodera al colectivo y mitiga su elevada tasa de desempleo y pobreza”, sino que además “muchas de las iniciativas están localizadas en zonas rurales”, lo que ayuda a “arraigar la población en estos territorios y combatir el alarmante fenómeno de la despoblación”.

“La desatención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en entornos rurales obliga a éstas a abandonar su lugar de origen y establecerse en espacios urbanos”, donde “la contaminación del aire es mayor y merma su calidad de vida, ya de por sí precaria”, añade.

Aunque existe una trayectoria que evidencia la idoneidad de las personas con discapacidad para el desempeño de este modelo de empleo, Antelo considera que “la contratación continúa siendo muy residual”.

Iluminada Abellán Miñaro