Madrid, 23 ene (EFE).- Los abogados María Benito y Antonio Jiménez Bustamante han sido padres por primera vez este enero y son la cara visible de la reivindicación de los letrados en favor de la conciliación familiar en los juzgados, ante la ausencia de normas que regulen la suspensión de juicios en casos de maternidad o paternidad.

Como muchos letrados, están en manos de la jueza para ejercer su derecho fundamental a conciliar. La pareja recibió el pasado diciembre una citación para un juicio del 19 de enero en el que ambos ejercen y, dado que su fecha prevista de parto era dos días antes, el 17 de enero, solicitaron la suspensión de la vista.

El juzgado no aceptó la petición considerando que se trataba de "una baja de previsible larga duración" que podría llegar a retrasar el proceso judicial en el que hay menores implicados, y solicitó que los clientes designaran un nuevo abogado o si no, se les asignaría un abogado de oficio.

En una entrevista con Efe, Jimenez asegura que "su prioridad es siempre defender y beneficiar a sus clientes” y añade que, en este caso, el aplazamiento del juicio, que no cuenta con acusación particular, "no perjudicaría para nada a los defendidos".

Su función, agrega, no es fácilmente sustituible ya que tanto el conocimiento del caso como el trato personal con el cliente juegan un papel protagonista.

El letrado aclara que en ningún momento ni él ni su pareja han pretendido quedarse en casa cuatro meses cuidando al bebé; solo piden un tiempo razonable para poder recuperarse y atender debidamente sus funciones como abogados.

Recurrieron en diciembre, pero la resolución tardó 25 días en llegar, cuando ambos estaban ya en el hospital y a escasos días del juicio.

Fueron padres al día siguiente, el sábado 16, y relatan que se enteraron de que el juicio se mantenía el día 19 gracias a sus clientes y sus compañeros. Jiménez expone molesto que "con tan poco tiempo" no les dejaron margen para presentar un recurso de apelación.

Según cuenta, el funcionario del juzgado llamó personalmente a los clientes para notificarles que debían acudir al juzgado independientemente de lo que hiciesen sus abogados.

El día de la vista, estando en el hospital y habiendo presentado el correspondiente justificante de ingreso, recibió una llamada exigiéndole que acudiese al juicio o que, de lo contrario, se pondría una queja ante el Colegio de Abogados. Finalmente no acudieron y la celebración de la vista se pospuso para el 1 de febrero.

Todavía no saben si podrán acudir, pero si algo tienen claro es que la lucha por sus derechos continúa: "Los abogados defendemos los derechos de los ciudadanos, pero no tenemos los básicos”, se lamenta.

Compañeros y amigos de profesión se han unido a su causa y han compartido con ellos historias similares.

Desde el Consejo General de la Abogacía, Marga Cerro, presidenta de la comisión de Igualdad, asegura que están muy pendientes de estos asuntos porque sin reformas legislativas, que están pidiendo desde hace tiempo, "la conciliación es imposible", apunta a Efe.

Han elevado sus propuestas tanto al Ministerio de Justicia como al Congreso, al Senado y a los partidos políticos, y esperan que el Ministerio de Igualdad responda a una solicitud de reunión para tratar el tema.

Cerro cuenta que el problema que hoy visibilizan los abogados Antonio Jiménez y María Benito es común: "Compañeros y compañeras cada dos por tres se ven en la misma tesitura. Además, no solo no se suspenden vistas, tampoco se suspenden los plazos, que son rígidos y taxativos. Tenemos siempre una espada de Damocles con los plazos procesales”, recalca.

Y existen, además, diferencias entre territorios: "Hay tribunales superiores de Justicia que son mucho más empáticos con la situación y son más propensos a recomendar suspensiones".

A su juicio, es esencial unificar criterios para que se ejerza la abogacía en todo el territorio español con las mismas condiciones. "Ahora mismo la decisión final la tienen los jueces, es totalmente discrecional", expone.

Los abogados alertan de que se pone en peligro no solo el derecho fundamental a conciliar, sino también el derecho de tutela judicial efectiva, dentro del cual está el derecho a una buena defensa: "Si a un letrado no le dejas que ejerza su función de manera plena, efectiva, con todas las garantías, y con tiempo para el estudio, se vulnera este derecho", advierte Cerro.

Desde el Colegio de Abogados de Cáceres hasta el Consejo General de la Abogacía y la Confederación de la Abogacía Joven apoyan públicamente esta causa y trabajan para que los derechos de igualdad se materialicen pronto también para en esta profesión.

Ana Ayesa