21 de septiembre de 2019
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Anticipan una batalla legal por la protección a los menores indocumentados

Washington, 22 ago (EFE).- La decisión del Gobierno de Estados Unidos de acabar con un acuerdo que establece los estándares para la detención de inmigrantes menores de edad, entre ellos prohibir que su reclusión supere los 20 días, puede enfrentar una larga batalla legal e incluso el veto de un juez antes de su entrada en vigor.

 La nueva regulación llega semanas después de que el Gobierno enfrentara numerosas críticas a raíz de las denuncias de abogados sobre las condiciones de detención de pequeños inmigrantes. EFE/Larry W. Smith/Archivo

La nueva regulación llega semanas después de que el Gobierno enfrentara numerosas críticas a raíz de las denuncias de abogados sobre las condiciones de detención de pequeños inmigrantes. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Washington, 22 ago (EFE).- La decisión del Gobierno de Estados Unidos de acabar con un acuerdo que establece los estándares para la detención de inmigrantes menores de edad, entre ellos prohibir que su reclusión supere los 20 días, puede enfrentar una larga batalla legal e incluso el veto de un juez antes de su entrada en vigor.

Así lo anticiparon expertos consultados por Efe, mientras la "norma definitiva" destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, de 1997, sigue enfrentando un aluvión de críticas por parte de distintos sectores.

"Si un juez o una jueza para la acción (del Gobierno) de una forma inmediata, la batalla sigue por años", explicó a Efe Clara Long, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW).

Long aseguró que tras la publicación, este viernes, de la regulación en el Registro Federal, fecha a partir de la cual tendrá 60 días para su entrada en vigor, puede darse un pronunciamiento de la jueza federal Dolly M. Gee, quien tiene bajo su tutela este acuerdo.

Además, Gee, quien se convirtió en 2010 en la primera jueza chino-estadounidense, recibirá en su despacho las diferentes acciones que emprendan los abogados contra de la nueva reglamentación.

"Una vez publicado (en el Registro Federal), los abogados que tienen el caso de Flores tienen siete días para hacer cambios en las demandas que habían puesto en noviembre del año pasado", cuando se anticipó la iniciativa del Gobierno, explicó la experta.

Para Long, la jueza "va a tener la obligación de pronunciarse si el reglamento (anunciado por el Gobierno) realmente responde a las obligaciones del Acuerdo".

El Acuerdo Flores establece la protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidos a los niños y sus familias durante más de 20 días.

Pero ante un fallo desfavorable por parte de la jueza, el Gobierno tiene la posibilidad de presentar un amparo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que -según Long- "toma tiempo". En caso de agotarse esa instancia, añadió la jurista, las partes pueden recurrir a la Corte Suprema.

También Peter A. Schey, uno de los juristas que en 1997 alcanzó ese acuerdo con el Gobierno, aseguró que no cree que se llegue a implementar la nueva norma porque, según sus términos, sólo se le puede poner fin con regulaciones que coincidan con sus términos.

Desde la oposición han sido varias las voces que han cuestionado la decisión del Gobierno, entre ellas del senador Bob Menéndez, quien señaló en su cuenta de Twitter que "la detención familiar indefinida NO es la respuesta a la separación familiar".

"He visto de primera mano cómo niños y los padres están detenidos en condiciones abominables, encerrados en jaulas, sin poder contactarse con los miembros de sus familias", añadió Menéndez, para quien esto es "cruel" y "antiestadounidense".

El Caucus Hispano del Congreso, un grupo de legisladores demócratas de origen latino, consideró que esta decisión "causará un daño irreparable a los niños" y "contradice profundamente" los valores estadounidenses, según un mensaje difundido en Twitter.

La nueva regulación llega semanas después de que el Gobierno enfrentara numerosas críticas a raíz de las denuncias de abogados sobre las condiciones de detención de pequeños inmigrantes.

Los abogados advirtieron que los menores vivían en condiciones insalubres: sin pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada.

La denuncia generó polémica, ya que este tipo de visitas no son habituales y sensibilizó a la opinión pública sobre la situación de los inmigrantes detenidos, muchos de ellos procedentes de Centroamérica.

Trump, que considera la situación en la frontera una "crisis humanitaria", ha intentado frenar la llegada de inmigrantes mediante regulaciones que exigen, entre otros, que quienes busquen acogerse al beneficio de asilo presenten su solicitud en un país que hayan atravesado en su recorrido hacia EE.UU., bien sea Guatemala o México.

Con los Gobiernos de estos países, Trump firmó acuerdos migratorios que en el caso de México incluye un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese país hasta que se resuelvan sus casos, mientras que Guatemala recibirá las peticiones de inmigrantes salvadoreños y hondureños.

Laura Barros

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Plan de mantener detenidos a menores en EE.UU. no se implementará, dice experto

Los Ángeles (EEUU), 22 ago (EFE).- El abogado que impulsó desde 1985 la batalla legal para lograr el Acuerdo Flores, que protege a menores indocumentados de detenciones prolongadas, aseguró este jueves que el plan del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acabar con el pacto "probablemente nunca se implemente".

Peter A. Schey, uno de los juristas que alcanzó en 1997 el pacto con el Gobierno para no permitir que los menores indocumentados permanezcan más de 20 días en detención y se les garantice su seguridad en lugares lo menos restrictivos posibles, no ve futuro al anuncio dado este miércoles por la Administración Trump para poner fin al Acuerdo Flores.

"Lo más probable es que las regulaciones de la Administración nunca se implementen porque, según los términos del acuerdo, este solo acaba cuando el Gobierno emite regulaciones que son consistentes e implementan los términos del acuerdo", dijo a Efe Schey, que tiene su despacho de abogado en Los Ángeles.

El abogado subrayó que las regulaciones de la Casa Blanca no "implementan" el acuerdo y que, en cambio, derogan los derechos que los menores indocumentados obtuvieron bajo el convenio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles la implementación del plan en un comunicado, en el que asegura que el pacto "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.

El secretario del DHS en funciones, Kevin McAleenan, defendió la medida en su cuenta de Twitter al decir que esta "elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños".

En contraste, Schey, presidente del Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL), advierte que el actual esfuerzo "pone de manifiesto la insensible indiferencia del presidente Trump hacia la salud y la seguridad, incluso la vida, de los menores detenidos".

El jurista señala que los niños siguen muriendo bajo la custodia del Gobierno federal y que se ha podido comprobar cómo miles de personas han sido detenidas en condiciones de hacinamiento sin recibir la atención médica necesaria.

"El plan de la Administración Trump es ciertamente detener a los niños migrantes todo el tiempo que lo desee sin tener que cumplir con estándares establecidos para las condiciones de confinamiento de menores", consideró Schey.

En 2015, la jueza federal Dolly Gee determinó que el Acuerdo Flores también protege a los menores indocumentados que ingresan al país acompañados de sus padres.

Aunque el Gobierno del anterior presidente, Barack Obama, buscó derogar la decisión, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la orden de la jueza.

Basado en estos fallos, el jurista subrayó que "es muy probable que la Administración Trump sepa que sus reglamentos serán bloqueados por los tribunales", y consideró que "las regulaciones son parte de la campaña de reelección del presidente".

Schey vaticinó que Trump intensificará en los próximos meses las críticas contra las familias inmigrantes y dirá que "con sus regulaciones intenta detener el problema, pero esos jueces de California son un desastre y han bloqueado temporalmente" los esfuerzos de su Gobierno, y que "somos el hazmerreír del mundo".

En ese sentido, el abogado propuso a los grupos religiosos, defensores de los derechos humanos, funcionarios electos y la comunidad en general, rechazar la nueva regla de la Casa Blanca y mantener el apoyo al Acuerdo Flores y a las familias que continuarán buscando refugio en el país.

De hecho, ya hay organizaciones defensoras de los derechos civiles que han anunciado que impugnarán en los tribunales la nueva decisión del Gobierno, que debe entrar en vigor en un plazo de 60 días a partir de ester viernes, cuando será publicada en el Registro Federal.

Los tira y afloja en la política migratoria de Trump: ¿Qué ha cambiado?

Washington, 22 ago (EFE).- Si algo que ha estado bajo escrutinio en los últimos meses en EE.UU. son las normas migratorias, que han sufrido cambios, reveses judiciales y ajustes por parte de la Administración de Donald Trump, como no se ha visto en años.

A continuación, la principales decisiones, algunas de las cuales han suscitado polémica y debates, y que incluso en ocasiones han llegado a ser demandadas ante tribunales.

- FIN DEL ACUERDO FLORES ¿DETENCIONES INFANTILES INDEFINIDAS?

Este miércoles, el Gobierno de Trump dio un paso en firme para atajar la llegada de familias indocumentadas, al anunciar una "regla final" destinada a acabar con las regulaciones del Acuerdo Flores, que desde 1997 regía las condiciones de detención de los inmigrantes menores de edad, entre ellas límites a su reclusión, con un máximo de 20 días.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, explicó en Twitter que la medida "elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños", después de que agencias como la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) denunciaran el tráfico ilegal de inmigrantes menores de edad.

Las autoridades aseguran que han detectado casos de niños y adolescentes usados por adultos con los que no tenían ninguna relación para entrar sin documentos al país, ya que hasta ahora el cumplimiento del Acuerdo Flores obligaba a agilizar el proceso migratorio o de deportación de las familias.

- NUEVAS REGLAS, NADIE SABE QUÉ PASA CON EL ASILO

Como uno de los mecanismos más usados por los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, el asilo ha acaparado la atención del Gobierno de Trump, que busca restringir la llegada de solicitantes de este amparo, en su mayoría sin documentos, por la frontera con México.

Regla del tercer país

El pasado 15 de julio, EE.UU. anunció que declararía "no aptos" para concederles asilo a los inmigrantes que entren o intenten hacerlo por la frontera sur y que no hayan solicitado antes este beneficio en un "tercer país" por el que hayan transitado en su camino a territorio estadounidense, que puede ser Guatemala o México.

EE.UU. ha permitido tradicionalmente que las personas soliciten asilo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta. Hasta ahora solo Canadá era considerado "tercer país seguro", en virtud de un acuerdo firmado por ambas naciones y en vigor desde 2004.

La nueva exigencia, que fue bloqueada en julio por un juez de San Francisco, ha quedado parcialmente en pie después de que una corte de Apelaciones estableciera que puede aplicarse en algunos distritos de California y Arizona, ambos estados fronterizos con México, pero no a escala nacional.

Las víctimas de violencia no son un grupo social

El 29 de julio, el fiscal general de EE.UU., William Barr, determinó que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar al asilo como un "grupo social particular", en alusión a la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un mexicano que se acogió al amparo después de que su padre fuera amenazado por narcotraficantes.

Barr argumentó que "el hecho de que un grupo criminal, como un cártel de drogas, una banda o una fuerza guerrilla, intimiden a un grupo de personas, no convierte de por sí a esas personas en un grupo social particular".

AMENAZA DE ARANCELES PARA FORZAR ACUERDOS MIGRATORIOS: MÉXICO Y GUATEMALA

México

EE.UU. y México llegaron el 7 de junio a un acuerdo, que puso fin a la amenaza de Washington de imponer aranceles a su vecino a cambio de expandir un programa que obliga a quienes solicitan asilo en el primer país a esperar en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos.

El pacto se ha traducido también en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional mexicana en las fronteras sur y norte para controlar el flujo migratorio.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha descartado que México se vaya a convertir en un tercer país seguro que tramite el proceso de asilo.

GUATEMALA

Los Gobiernos de EE.UU. y Guatemala firmaron el 26 de julio un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

Según el arreglo, que no menciona el término "tercer país seguro", los solicitantes de asilo que llegan a EE.UU. serán devueltos a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, han atravesado ese país antes de llegar a suelo estadounidense.

El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, ha señalado que el acuerdo solo se aplicará a inmigrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña, y ha insistido en que no serán un "tercer país seguro".

INMIGRANTES CON BENEFICIOS = "CARGA PÚBLICA"

El pasado 12 de agosto, la Administración de Trump presentó una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia permanente o de visas temporales -algunos hablan incluso de la ciudadanía- a los inmigrantes que las autoridades consideren que suponen una "carga pública".

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en EE.UU. será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios pueden ser asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

CAMBIOS EN LOS VISADOS A INVERSORES

El pasado 23 de julio el Gobierno anunció que introducirá cambios a partir del próximo 21 de noviembre en su programa de visado para inversores, conocido como EB-5, entre ellos el primer incremento desde 1990 en el monto de la inversión mínima, que pasó de 1 millón de dólares a 1,8 millones de dólares.

La inversión en las zonas de poco empleo, denominadas "áreas donde impulsar el empleo" (TEA, en inglés), seguirá siendo un 50 % inferior a aquellas con alto índice de puestos de trabajo. En las TEA, la inversión pasará de 500.000 a 900.000 dólares.

Los inversión mínima se ajustará según inflación cada cinco años.

TAMBIÉN EL EXAMEN DE CIUDADANÍA

Otro de los anuncios tiene que ver con posibles cambios en el examen de ciudadanía, que se empezarían a ensayar a partir del próximo otoño, aunque no se definirá una fecha para su implementación definitiva hasta diciembre de 2020 o comienzos de 2021.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que está revisando el examen actual de ciudadanía, lo que puede incluir cambios potenciales en la parte lingüística de la prueba.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los aspirantes a la ciudadanía deben tener "una comprensión del idioma inglés, incluida la habilidad de leer, escribir y hablar palabras de uso ordinario", así como conocimientos de historia y de los principios y formas de Gobierno.

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