09 de diciembre de 2019
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Indígenas ecuatorianos ven un "atraco" en la minería industrial

ECUADOR MINERÍA

Quito, 23 jul (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) advirtió este martes de la amenaza que supone la minería industrial recientemente estrenada en el país, que busca convertir este sector en el segundo más importante después del petróleo.

"No vamos a permitir este atraco que podría ir en contra de la soberanía de Ecuador", afirmó el vicepresidente de Conaie, Manuel Castillo, al referirse a la minería en gran escala que acaba de iniciarse con las primeras explotaciones en el yacimiento de cobre Mirador, en el sur del país, la semana pasada.

El Gobierno de Lenín Moreno considera este sector una prioridad nacional con el objetivo de impulsar la alicaída economía local y con ello ha desatado un agrio debate entre progreso y medioambiente.

En declaraciones a Efe, el dirigente indígena recuerda que hace dos o tres décadas cuando se iniciaron las prospecciones había cierto grado de ingenuidad entre las comunidades originarias en las áreas de influencia.

"Ahora vemos que hubo mucha contaminación y vemos con gran preocupación no solo el petróleo, sino la minería que está instalada en todas las provincias de Ecuador", afirma Castillo.

Defensores de los recursos naturales de las zonas que, según argumentan, sus antepasados poblaron durante miles de años, los indígenas se arrogan el título de ser "los dueños legítimos de los páramos y de la selva ecuatoriana" y censuran "el pretexto de que tienen que ser del Estado ecuatoriano".

Con la explotación minera industrial, el Ejecutivo aspira dotar al país de un balón de oxígeno hasta que otros motores de desarrollo que requieren de más tiempo, entre ellos el turismo, puedan alcanzar niveles similares a los de otros países de la región.

Y su objetivo es que la minería llegue a aportar en 2021 un 4 % al PIB, cuando en 2017 era de 1,2 %.

Desde su llegada a la Presidencia, Moreno ha eliminado las barreras legales, legislado para una mayor seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y diseñado un plan de acción a escala nacional para regular este sector.

Esto lo ha hecho de manera paralela al diálogo que inició desde el comienzo de su mandato en mayo de 2017 con la dirigencia indígena, y a una consulta en febrero de 2018 que puso coto a la minería metálica en los centros urbanos, además de las áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles.

En este sentido, la Conaie se siente traicionada por el Gobierno puesto que en las mesas de diálogo exigieron el fin de las concesiones, que -asegura Castillo- no han cesado en ningún momento.

"Tuvimos que respaldar la consulta para conservar los territorios y en el diálogo dijimos que no debían dar más concesiones", lamenta, antes de avanzar que el próximo 23 de agosto habrá una gran asamblea de los pueblos y nacionalidades autóctonas para analizar su posición respecto al nuevo desafío que supone la minería a gran escala.

Vaticina que "va a ser peor que el petróleo, porque para extraer oro necesitamos una gran cantidad de agua y va a desencadenar problemas y consecuencias lamentables".

Y advierte que la estrategia seguida por autoridades y empresas dedicadas a estas explotaciones consiste en "desarticular" el tejido social ofreciendo trabajo a los dirigentes comunales, aunque confía en que "el pueblo no se va a dejar convencer, porque nuestro medio de vida y soberanía" está en peligro.

Para hacer frente a la eventual "invasión" de la minería de gran calado, aboga por la unidad y pone el ejemplo ocurrido en la provincia de Pichincha, donde una concesión de 14.000 hectáreas se vio frenada por la resistencia que ofrecieron cuatro localidades y organizaciones.

Está previsto que este mismo año comience la extracción de oro de la mina "Fruta del Norte", y el Gobierno tiene otros tres proyectos estratégicos en curso y seis más que define como de "segunda generación", es decir, bajo estudios preliminares.

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