31 de octubre de 2020
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Un grupo de DD.HH. lanza un libro sobre el uso excesivo de la fuerza represiva en Ecuador

ECUADOR D.HUMANOS

Quito, 26 sep (EFE).- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó un libro que recoge casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en Ecuador, con el objetivo de crear conciencia sobre este fenómeno que aflora en tiempos de crisis.

Mayra Caiza, una de las investigadoras, explicó a Efe que el texto "aborda las muertes de civiles a manos de agentes del Estado" en diferentes periodos que van desde los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad.

La investigación desemboca en el episodio de octubre de 2019, cuando la represión contra unas protestas sociales se saldó con nueve personas muertas y cientos de heridas.

Caiza sostuvo además que la investigación aborda diferentes figuras sobre este tipo de casos, pues sólo desde el año 2014 el código penal interno tipifica a las ejecuciones extrajudiciales como un delito específico.

Otro tipo de casos son los que se tipifican como extralimitación en actos de servicio, homicidio y desapariciones y lucha contra el terrorismo con resultado de muerte.

En definitiva, dijo, se trata de identificar casos de uso desproporcionado de la fuerza, una práctica que viola principios internacionales y normativas internas de la fuerza pública.

Lamentablemente, añadió la activista, este fenómeno es recurrente en varios países de la región y emerge cuando se presentan momentos de protesta o convulsión social.

Según la investigación del Inredh, en Ecuador se identifican dos periodos claros: El primero que va de 1984 a 2008, donde se han registrado según diferentes fuentes 68 ejecuciones extrajudiciales; y un segundo periodo que va de 2015 a 2019, cuando la Fiscalía ha registrado 71 denuncias de ese tipo.

En el primer periodo, el Gobierno del socialcristiano León Febres Cordero es el que más concentra este tipo de casos con 32, que han sido revisados por una Comisión de la Verdad.

En el segundo periodo, acotó Caiza, se han dado un promedio de 18 denuncias de ejecuciones extrajudiciales por año y de los casos estudiados en ese periodo, sólo uno ha concluido con una sentencia judicial, pues la mayoría aún se encuentran en indagación previa.

En este segundo lapso, los años más agudos en denuncias de este tipo son el 2016 con 36 casos y el 2018 con 27, refirió Caiza.

Agregó que las investigaciones dan cuenta que los casos de estudio responden a que "no existió una correcta aplicación del uso progresivo de la fuerza" y que los agentes policiales no respetaron los principios de "necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad", en la aplicación de sus métodos.

Un capítulo especial es el estudio del último periodo de octubre del año pasado, cuando se registraron nueve fallecidos, aunque el Estado no reconoce su responsabilidad y que, por ejemplo, cuatro de ellos se produjeron por circunsancias "fortuitas", otras dos por hechos de violencia social y otro par por accidentes.

Sin embargo, Inredh patrocina dos casos especiales, uno de ellos incluso con evidencias de un impacto de proyectil de un arma de fuego, que el Estado en un principio negó.

Otra de las investigadoras, Ingrid García, pidió por su parte que las autoridades tengan cuidado con el discurso que tejen sobre este tipo de casos y recordó que recientemente el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, había tendido una postura en pro del uso de fuerza letal para controlar determinadas protestas.

Ese discurso de "construcción del enemigo interno", podría generar que los agentes lo acojan con total subjetividad y puedan "generar vulneración de los derechos humanos", agregó García.

Por eso, la activista hizo un llamado para que los agentes de las fuerza pública "interioricen" los principios sobre los que se sustentan los derechos humanos y "actúen de acuerdo a la ley" y el respeto a las garantías ciudadanas.

"Si bien no estamos en contra de la Policía, estamos a favor de los derechos humanos" y el llamado es a que "la violencia hacia la sociedad cese", apostilló García.

El texto de Inredh, coincidieron las investigadoras, trata de proponer que este tipo de casos se judicialicen para que no se queden en la impunidad, pues ello podría dar lugar a que se repitan en el futuro.

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