San Juan, 26 oct (EFE News).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico ha informado al Gobierno de la isla que se requerirían "reducciones significativas" de empleados públicos -más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado- en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.

Dada la inconsistencia significativa con los Planes Fiscales Certificados, la Junta de Supervisión también informó al gobierno que estas leyes "no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales", indica en un comunicado de prensa.

La gobernadora promulgó las tres leyes en agosto "sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales".

"Incluso, después de repetidos intercambios con la Junta de Supervisión, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto. El análisis de la Junta de Supervisión con respecto al impacto de las tres leyes concluyó que, combinadas, podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en 8.300 millones durante los próximos 30 años", añadió la JSF.

Para compensar estos gastos adicionales, el gobierno "tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultará en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto, según lo exige PROMESA".

"El gobierno debe proporcionar un plan realista para compensar los costos sustanciales de cada una de las tres leyes sin perjudicar los servicios esenciales. A menos que, y hasta que el gobierno proporcione un plan para compensar los costos incrementales y la Junta de Supervisión acepte ese plan, las leyes son significativamente incompatibles con el Plan Fiscal Certificado y no deben implementarse", concluyó.