15 de octubre de 2019
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La Gobernadora tiene la palabra

No creo en las casualidades. Los últimos días de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares son un retrato fiel de su verdadera personalidad, sus creencias, su carácter y su visión de mundo real.

 No creo en las casualidades. Los últimos días de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares son un retrato fiel de su verdadera personalidad, sus creencias, su carácter y su visión de mundo real.

No creo en las casualidades. Los últimos días de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares son un retrato fiel de su verdadera personalidad, sus creencias, su carácter y su visión de mundo real.

Por Damaris Suárez
Centro de Periodismo Investigativo


La Gobernadora tiene la palabra

No creo en las casualidades. Los últimos días de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares son un retrato fiel de su verdadera personalidad, sus creencias, su carácter y su visión de mundo real.

Desde que era candidato a la gobernación, Rosselló Nevares y su equipo hablaron de transparencia. Anticipaban que su turno al bate estaría basado en ese principio tan básico que debe regir a todo gobierno que entiende que su gestión se debe a sus constituyentes y cuyas decisiones y acciones deben ser prístinas en aras de facilitar la mejor rendición de cuentas.

En los dos años y medio de la administración Rosselló no recuerdo otra palabra más cacareada en cada una de las expresiones públicas del renunciante mandatario y su equipo de trabajo. En cada entrevista, conferencia de prensa, comparecencia pública o declaraciones escritas se colaba la bendita palabra, como si la “transparencia” se lograra de tanto repetir hasta el cansancio el término, como quien quiere vender un producto o una marca. Nada más lejos de la verdad.

Mientras se repetía hasta la náusea la palabra “transparencia”, esos mismos funcionarios, custodios de la información pública, negaban continuamente solicitudes de documentos e información a periodistas, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, servidores públicos y ciudadanos preocupados por la toma de decisiones en una coyuntura histórica definida por la crisis fiscal y la quiebra del Gobierno.

Se negaban a revelar la cantidad real de muertos luego del huracán María, los nuevos planes e informes de progreso de las agencias sometidos a la Junta de Control Fiscal, comunicaciones oficiales entre el Gobierno y el ente creado por PROMESA, entre otros asuntos, siempre amparándose en la excusa, de que la información “es confidencial”.

En múltiples ocasiones, tanto el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como otras organizaciones han tenido que recurrir a los tribunales para obligar al Gobierno a entregar información que de su faz se presume pública. Se ha convertido en uso y costumbre la entrega parcial e incompleta de la información solicitada el mismo día de la vista judicial o tras la orden de un tribunal, burlándose así de los tribunales. De igual forma ha actuado la Junta de Control Fiscal.

Durante las últimas horas de su mandato, Rosselló firmó las leyes 122 y 141 que, contrario a sus títulos, atentan contra la transparencia y el acceso a la información pública.

Esa fue una de sus últimas gestiones oficiales. Sí, el día antes de salir de La Fortaleza, tras bastidores, solo con su conciencia, Rosselló firmó el Proyecto del Senado 236 Ley de Datos Abiertos del Gobierno y el Proyecto de la Cámara 1095 Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, pese a la tenaz oposición de los gremios periodísticos y organizaciones que defienden la transparencia.

Ya vimos el primer caso en que las leyes aprobadas se convirtieron en la justificación para que un funcionario denegara información relacionada a las facturas de un contratista en la Cámara de Representantes, solicitada por la periodista Laura Quintero, de El Nuevo Día. El administrador de la Cámara, Moisés Cortés, en una misiva con fecha del 23 de agosto se amparó en que las facturas ahora son consideradas documentos confidenciales de acuerdo con la nueva Ley de Datos Abiertos.

Urge saber si la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Si es así, debe iniciar el proceso para derogar las leyes y además ordenar de inmediato a sus jefes de agencia que no establezcan el absurdo protocolo de solicitud de información. Es lo menos que merece el pueblo.

Si cuestionable es la manera en que la Asamblea Legislativa manejó ambas medidas en una obvia agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública, más cuestionables aún son las enmiendas que se le hicieron a los proyectos, poniendo aún más tranquillas.

Sin ofrecer la oportunidad de discutir los importantes proyectos en vistas públicas, la Legislatura eliminó una disposición que ordenaba la entrega inmediata de la información pública cuando la misma fuera de fácil acceso para los funcionarios. Tras la firma de estos proyectos, toda petición de información debe ser por escrito e impone una espera de un término irrazonable de 10 días laborables para que la agencia decida si entrega la información. Este término puede extenderse hasta 25 días.

Estas leyes, además, penalizan a quienes residen fuera de San Juan. Aunque parezca insólito en pleno Siglo 21, si un ciudadano pide información en alguna oficina regional tendrá que sumarle cinco días adicionales al término de diez días laborables de espera por la información. Como si fuera poco, si se negara la solicitud de información, el recurso de revisión judicial sólo se podrá presentar en el Tribunal Superior de San Juan.

Las leyes no definen detalladamente lo que es información o documento público, aunque sí añaden otras 12 excepciones a la información que se considera pública.

Resulta irónico que las leyes lleven por nombre transparencia y datos abiertos. Con su acción, hecha después de una intensa jornada del pueblo para exigir su renuncia luego de que el CPI reveló sus conversaciones con su equipo más cercano en Telegram, Rosselló Nevares, no solo hace historia al convertirse en el primer gobernante electo obligado a renunciar antes de culminar su término, sino además, el que de salida dio la peor estocada a la transparencia, las sanas prácticas de administración gubernamental y a la democracia.

 El CPI, junto a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas exigieron la derogación de ambas leyes. Desde el pasado lunes 19 de agosto, enviamos una carta a la gobernadora solicitando una reunión para discutir el asunto.

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