Denis Márquez Lebrón — Representante PIP

El verano del 2019 marcó nuevos paradigmas en los procesos políticos y sociales de Puerto Rico con repercusiones en el gobierno y la Legislatura. De los primeros eventos que exacerbaron la indignación y la opinión pública fueron los arrestos de las funcionarias de gran jerarquía en dos de los asuntos de mayor importancia para la sociedad: la salud y la educación pública.

Sale también a luz pública este verano del 2019 el asqueante “chat” del gobernador Ricardo Rosselló y su cercano grupo de asesores y colaboradores. Estas publicaciones recogieron las expresiones, posturas y políticas públicas discriminatorias, ilegales, misóginas, homófogas y las conspiraciones para cometer actos ilegales de corrupción pública. En resumen, la dirección del gobierno a cargo de unos patanes y, sobre todo, la develación de su amplio prejuicio y desprecio hacia diversos y amplios sectores de la sociedad puertorriqueña.

La indignación se convirtió en acción política. Todo un país en la calle con reclamos contundentes, exigiendo la renuncia del gobernador, presionando activamente para iniciar un proceso de residenciamiento en la Legislatura en lo que aportamos con la radicación de un pliego acusatorio conteniendo 18 delitos que entendíamos cometidos por el gobernador en el chat. Y, finalmente, ante el reclamo y la indignación colectiva, la renuncia obligada.

El proceso provocó una intensa discusión del modelo antidemócratico de sucesión que establece la Constitución del ELA para el cargo de gobernador con la consecuencia del nombramiento como gobernador del cabildero de los grandes intereses y abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, quien además tuvo la desfachatez de juramentar ilegalmente a pesar del consenso general en contrario avalado eventualmente por la decisión unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La conclusión de ese capítulo fue, primero, su brevedad y descubrir para nuestro pesar que desde La Fortaleza continuó con su labor de abogado de los grandes intereses al proteger, por ejemplo, a la carbonera AES en perjuicio de la salud y bienestar de nuestras comunidades. Y segundo, la llegada a la gobernación de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que desde esa posición respaldó todas las nefastas políticas públicas del gobierno del renunciante Rosselló.

¿Y ahora qué? A raíz del extraordinario logro alcanzado a través de esta unión de voluntades sin precedente, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propone una nueva Constitución y una nueva relación con los Estados Unidos que, por razones de espacio, pueden buscar la información en todas nuestras redes sociales o en el portal: nuevaconstitucion.independencia.net.

Las propuestas se presentan como punto de partida, no sólo para enfrentar la crisis inmediata, sino para encaminar la voluntad soberana de nuestro pueblo para construir un nuevo Puerto Rico y para la más amplia discusión pública en aras de transformar nuestro modelo de gobierno, la ampliación de los derechos humanos y la búsqueda de la descolonización de Puerto Rico.