‘QUID PRO QUO’

 

Quid pro quo es un término en latín que significa “dar algo a cambio de algo.”

En los últimos meses esta expresión ha surgido en relación con la llamada telefónica del presidente Donald Trump del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según una transcripción de la llamada a la Casa Blanca, Trump le pidió un “favor” (parecido a soborno) a Zelenzky: la ayuda de Ucrania para investigar al ex vicepresidente Joe Biden, un contendiente en las elecciones de 2020.

El alcalde de Comerío y ahora nuevo director de campaña política de la alcaldesa Carmen Cruz Soto, José A. (Josian) Santiago, admitió esta semana que uno de sus hijos trabaja desde hace varios años en el Municipio de San Juan.

"Mi hijo trabajó un tiempo en la Legislatura (municipal) y hace tres años trabaja en el Municipio de San Juan. Creo que en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Social", confirmó el alcalde. La alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz anunció que el alcalde de Comerío, José Santiago, será su director de campaña, junto a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.

Actualmente aspiran a la candidatura a la gobernación por el PPD el senador Eduardo Bhatia; el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

 

EL CASO DE TOA BAJA

Hablando de la frase latina quid pro quo tengo que referirme a la información revelada por el diario Primera Hora sobre los empleados en nómina del representante a la Cámara de Toa Baja, Pedro Julio (Pellé) Santiago.

Según los datos, el representante Santiago tiene como empleada regular a Ivelisse Rivera Albarrán, esposa del ex alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, desde el pasado cuatrienio.

El hijo de Vega Borges, Lcdo. Luis Vega Rosario, trabaja en la Oficina de Servicios Legislativos, donde asesora mediante contrato a otros representantes.

Vega Borges, mientras tanto, figura en la nómina del Senado, como empleado regular, en la oficina de asesores, confirmó Santiago Guzmán.

La Sra. Rivera Albarrán es la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara, que preside el representante Santiago Guzmán.

No debemos perder memoria: Cuando Vega Borges fue alcalde, “Pellé” Santiago fue su ayudante ejecutivo o, como suele decirse, vicealcalde, o sea, su “mano derecha” y en esa posición llegó a presidir la Junta de Subastas.

En el 2012 ganó el escaño de Representante a la Cámara y desde entonces empleó a la esposa de Vega Borges en la Cámara, aun siendo primera dama municipal. ¿Quid pro cuo?

Refiriéndose al hijo de Vega Borges, el abogado Vega Rosario, el Representante dijo que durante “el cuatrienio pasado (2013-2016) él estuvo conmigo en el presupuesto de mi oficina, pero este año está en el presupuesto de Servicios Legislativos,” donde devengaba $4,000 mensuales. Dijo desconocer cuánto cobra actualmente.

Es como cierto día me expresó un amigo: “Así cualquiera es del PNP.”

A tono con esta situación, Kenneth McClintock Hernández, ex presidente del Senado bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), sostuvo en “Normando en la Mañana” que en efecto existe una práctica por parte de miembros de la Legislatura de contratar familiares y allegados.

“Algunos legisladores se sienten más cómodos teniendo personas de su confianza trabajando con ellos y eso ocurre con alguna frecuencia”, indicó McClintock.

Pero, subrayó que “hay una regla anti nepotismo que no aplica en agencias como en la Autoridad de Energía Eléctrica, no aplica en la AMA, pero sí aplican en la Legislatura”.

Sobre esto, el ex presidente del Senado soltó que “hay una regla que no puede haber más de un empleado que tenga cierto grado de afinidad… En mi caso yo no contrataba personas allegadas a mí así que no recuerdo el detalle”.

Por otro lado, el senador del Partido Popular, José Luis Dalmau, tiene a su hermana en nómina. ¡Qué fenómeno, boricua!

 

MAS CONTROL A LOS FONDOS

La administración de Donald Trump ha establecido nuevas regulaciones a los fondos que se asignan a Puerto Rico

En medio de la desconfianza que tiene sobre el gobierno de Puerto Rico, la administración de Donald Trump ha establecido nuevos controles sobre una clara mayoría de los fondos que le entrega a la isla.

Esos controles se suman los que ejerce la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que impuso el Congreso para regular el gasto público en Puerto Rico, después de que a los funcionarios de la isla se les fue la mano en la emisión de deuda y llevaron el gobierno a la quiebra.