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Pierluisi dice que su compromiso es proteger a retirados, tras demanda Junta

Pierluisi dice que su compromiso es proteger a retirados, tras demanda Junta

San Juan, 02 jul (EFE News).- El jefe del Ejecutivo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este viernes que su compromiso es el de proteger a los retirados del Gobierno, después de hacerse pública la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para exigir que se prohíba la Ley 7-2021, que crearía miles de millones de dólares en nuevas obligaciones de pensión del Gobierno.

«La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones», destacó Pierluisi en un comunicado.

«Firmé la Ley de Retiro Digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera en cuanto a la viabilidad de la misma», indicó.

«Por consiguiente, le cursé ayer una carta a la JSF en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida», dijo.

Señalo que entiende que no es necesario litigar en este momento y que así lo se lo hará saber al tribunal.

Al mismo tiempo, subrayó, «me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente», concluyó.

La JSF indicó además que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es «significativamente inconsistente» con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.

La certificación del gobernador admite que la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de la Ley PROMESA, establecida por el Congreso de EE.UU. para atender la deuda de la isla caribeña, incluyendo la autonomía del ente fiscal, implementar una reprogramación de fondos gubernamentales y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la JSF.

Por ello, la JSF aseguró que la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021. EFE News

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