Moratoria a programas en la UPR buscaba liberar fondos aguantados por la Junta de Control Fiscal
El presidente saliente Luis Ferrao reconoció que la propuesta buscaba liberar parte de los $102 millones que el ente fiscal les tiene en reserva para el 2025, pero la Junta negó haber pedido específicamente una moratoria de programas como requisito para garantizar la sostenibilidad financiera.
por Víctor Rodríguez Velázquez
CPI – La propuesta del saliente presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, de poner en pausa 64 programas académicos fue el último intento de buscar economías que complazcan a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que libere fondos necesarios para la operación del sistema universitario, según muestran comunicaciones entre el Presidente, la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno de la institución revisadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
En el comunicado de prensa en el que anunció su renuncia este lunes, Ferrao dijo que le resultaba “inaceptable” que “los impactos fiscales y las medidas draconianas que se avecinan” atenten contra “la estabilidad y misión educativa” del centro docente. No obstante, ante la Junta de Gobierno de la UPR, el pasado 30 de enero, y en noviembre, ante la Junta Universitaria, expresó estar dispuesto a reducir la oferta académica bajo la creencia de que eso produciría economías para que la JCF diera acceso a $102 millones reservados en el presupuesto de 2025.
El lunes Ferrao presentó su renuncia al presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Ricardo Dalmau. Su dimisión será efectiva el 15 de febrero de 2025, indicó en un comunicado de prensa. Unos días antes de la dimisión, el representante estudiantil, Daniel Fernández González, solicitó a la Junta de Gobierno retirar la confianza a Ferrao, pero la votación se pospuso para el 20 de febrero luego de que el Comité Especial para la Evaluación del Presidente rindiera un informe sobre el desempeño del funcionario.
La JCF sólo liberará los fondos en reserva si la UPR cumple con lo que llaman requisitos de innovación académica, sostenibilidad operacional y financiera. Esto se desprende de la certificación del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2025. Los fondos en reserva son custodiados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y sólo serían transferidos a la UPR “tras una implementación exitosa” de las acciones solicitadas por la JCF.
Ferrao dijo a la Junta de Gobierno que las imposiciones de la JCF son uno de los elementos que consideró al solicitarle a los rectores de los 11 recintos que evaluaran los programas académicos con menos de 10 estudiantes de nuevo ingreso matriculados por tres años consecutivos. El funcionario aseguró que tal solicitud de evaluación de los programas con baja matrícula también surgió de varios estudios sobre el decrecimiento poblacional, el impacto fiscal de la baja en matrícula y los intereses educativos de los estudiantes de nuevo ingreso.
Para cumplir con el hito o acción 22 propuesta por la JCF, que habla sobre sostenibilidad financiera, la UPR debe identificar alternativas que incluyan el aspecto financiero, la operación y los servicios que se ofrecen a los estudiantes y la comunidad universitaria. Entre esas alternativas que presentaría Ferrao estaba detener la admisión de estudiantes a programas de bachillerato y grado asociado del sistema universitario con baja matrícula, según la presentación hecha a la Junta de Gobierno.
Sin embargo, la JCF negó haber requerido específicamente la moratoria de programas académicos como condición para cumplir con los hitos del Plan Fiscal del Gobierno ni del Plan Fiscal de la UPR, acceder a los fondos en reserva “ni como un camino para lograr la sostenibilidad financiera”.
“Lograr la sostenibilidad financiera se puede abordar de diversas maneras”, indicó la JCF al CPI en declaraciones escritas, sin detallar cuáles son esas maneras.
La Junta le ha impedido al sistema universitario el acceso a esos $102 millones hasta que presente “un plan detallado sobre cómo estos fondos apoyan la misión de la UPR hacia los estudiantes, el personal y/o la comunidad”.
Distinto a lo que expresó a la Junta de Gobierno y horas antes de presentar su renuncia el lunes, Ferrao le dijo al CPI que su propuesta de pausar programas académicos no tenía el objetivo de que el ente fiscal liberara la millonaria cifra.
“Todo lo relacionado con la institución se consulta dentro de la comunidad universitaria, de acuerdo con la gobernanza institucional, y no está relacionado con los $102 millones ni con el cumplimiento de los hitos de transformación”, dijo en declaraciones escritas al CPI.
Pero es un hecho que la reducción de programas académicos de baja demanda ha sido una medida pensada para cumplir con lo impuesto por la JCF y así consta en la presentación “Transformación de la UPR: Contexto, Trasfondo y Metodología en la Selección de Acciones y Cumplimiento de Hitos” que hizo Ferrao ante la Junta Universitaria el pasado 20 de noviembre.
Como parte de las medidas para la optimización de recursos académicos, la administración universitaria presentó la reducción de la “oferta de programas con baja demanda y el fortalecimiento de programas afines a las necesidades emergentes de los estudiantes y la industria”. De acuerdo con el informe, la reducción de programas ayudaría, según documentos oficiales, a cumplir con los requisitos de responsabilidad fiscal y sostenibilidad.
