Puerto Rico pierde fondos de FEMA que promovían la adaptación climática
Tras el recorte de uno de los principales programas de fondos de mitigación financiados por el Gobierno federal — con $1,000 millones disponibles — para ayudar a las comunidades a enfrentar el cambio climático, Puerto Rico pierde importantes subvenciones. Durante cuatro días, la administración González ha optado por guardar silencio sobre el asunto.
Por Vanessa Colón Almenas | Centro de Periodismo Investigativo
CPI – El Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) perdieron más de $3 millones de fondos que estaban disponibles, luego de que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunciara el viernes la culminación de uno de sus programas de mitigación de riesgos que promueve la adaptación climática y la resiliencia.
En un comunicado de prensa de cuatro párrafos, FEMA notificó el fin del programa de subvenciones para la Construcción de la Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC en inglés) y la cancelación de todas las solicitudes de los años fiscales 2020 a 2023 sometidas por los estados y territorios.
El Servicio de Extensión Agrícola de Puerto Rico tenía una propuesta dirigida a educar las comunidades afectadas por deslizamientos de tierra en la cuenca hidrográfica del Río Grande de Añasco. Con talleres sobre cómo estabilizar el suelo a través de los recursos naturales, se buscaba impactar comunidades de Añasco, Las Marías, Adjuntas, Maricao y otros pueblos del área. La subvención era de casi $1.6 millones, pero no se había aprobado.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) supo que desde diciembre el Servicio de Extensión Agrícola esperaba una contestación por parte de FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), pues la aprobación de la propuesta estaba en pausa. Mientras aguardaba por esa aprobación, el programa fue cancelado súbitamente por la administración Trump.
Por su parte, la subvención de OGPe se calculó en casi $1.7 millones. La agencia establecería un programa dirigido a concienciar a la población sobre la planificación y el uso de terrenos, y la importancia de cumplir con los códigos y reglamentos de construcción vigentes.
