El presidente de la Asociación Internacional de Estibadores-1740 de Puerto Rico (ILA por sus siglas en inglés), Carlos Sánchez Ortíz, junto a otras 6 personas fueron acusados por un Gran Jurado federal por violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO Act) por supuestamente ser parte de una empresa criminal desde el año 2005 que se dedicaba a extorsionar a dueños de carga que llegaba a los muelles 9,10 y 11 de San Juan con destino final a las Islas Vírgenes.

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