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Cuesta cara la evaluación para “transformar” el Recinto de Ciencias Médicas

Cuesta cara la evaluación para “transformar” el Recinto de Ciencias Médicas

Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo

Desde que en agosto de 2021 Mayda Velasco Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los miembros de este cuerpo rector nunca han votado para aprobar las contrataciones que suman $1.2 millones en lo que va de año fiscal para cubrir las operaciones de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), encargada de implementar el Plan Fiscal de la institución. El reglamento de la JG establece que dichos contratos deben ser aprobados por sus miembros, quienes tampoco fueron consultados para escoger a los integrantes del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

El Comité fue creado con el objetivo de “identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el RCM”, según se desprende de un contrato entre la Junta de Gobierno y Cedrela Consulting Group, empresa que analizaría las recomendaciones que hagan los integrantes del Comité.

Cedrela y Bluhaus Capital fueron las primeras compañías en beneficiarse de contratos relacionados con la OTI. Antes de ser contratada por la JG por $350,000, Bluhaus tuvo contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el desarrollo del Plan Fiscal y reformas estructurales de la UPR, mientras que Cederela fue contratada por la JG por $50,400 para asesorar en el manejo de proyectos que pudieran impactar dicho Plan.

Los miembros del Comité de Colaboradores Externos fueron escogidos por Velasco Bonilla, quien informó a la JG sobre las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo y que le han costado a la UPR $60,884.

“En la reunión del 24 de febrero la presidenta Mayda Velasco compartió una presentación oral y proyectada con los miembros de la Junta sobre el Comité de Colaboradores Externos, de la

que no se nos ha hecho llegar copia. Sólo se proyectó un listado de asistencia a la última reunión presencial de los miembros del Comité. La autorización de los gastos de las reuniones fueron aprobados tanto por la OTI como por la Dra. Velasco”, confirmaron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) los dos representantes claustrales y el estudiantil en la JG, Margarita Villamil, Carlos Galiano y Eliud Rivas.

Los representantes solicitaron además, “informes, minutas, actas y cualquier otra gestión relacionada a las reuniones sostenidas por la OTI y este grupo de evaluadores, las cuales se nos ha mencionado que son privadas o confidenciales”.

Velasco Bonilla, quien forma parte de este Comité, reconoció a El Nuevo Día que no se siguieron los reglamentos para autorizar los gastos de estas reuniones al tiempo que justificó no identificar a los miembros del grupo para que nadie intervenga en sus trabajos.

¿Quiénes componen el Comité de Colaboradores Externos?

De las 14 personas que forman parte del Comité, cinco pertenecen a la Junta Directiva de una organización sin ánimo de lucro registrada por Velasco Bonilla en Puerto Rico hace ocho años, llamada originalmente Instituto de Cosmología y Física de las Américas, y cuyo nombre cambió dos años más tarde a Colegio de Física Fundamental e Interdisciplinaria de las Américas (COFI). Otro de los integrantes trabajó con ella en la Universidad Northwestern de Illinois, de donde es egresada y profesora.

Velasco no atendió una petición de entrevista, pero tres integrantes del Comité, Franklin Carrero Martínez, Gladys Escalona de Motta y José Huerta Rebozo, hablaron con el CPI sobre el trabajo que han estado haciendo en el mismo.

Carrero Martínez, sobre el alcance del análisis de las operaciones del RCM a cargo del Comité dijo: “nos estamos enfocando en áreas de servicio, investigación, enseñanza y administración. Estamos recabando información para entender los servicios que ofrece el RCM… primordialmente a estudiantes (salón de clases y clínicas) y pacientes (clínicas); también hay responsabilidades con agencias acreditadoras y agencias de gobierno federal. Esperamos hacer recomendaciones sobre oportunidades y áreas en las que se puedan hacer mejoras,

siempre teniendo en cuenta las necesidades de las acreditaciones y teniendo en mente a las poblaciones que sirve el Recinto”.

Como ejemplo de las oportunidades para Ciencias Médicas, Carrero Martínez mencionó la inversión en investigación para la prevención y tratamiento del cáncer. También mencionó la propuesta del gobierno del presidente de EE.UU., Joseph Biden, para crear una Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Salud (ARPA-H). Escalona, por su parte, contó que luego de que trascendieron los gastos de las reuniones presenciales sostenidas en un hotel por el Comité en febrero, “hubiera esperado que nos hubieran citado a una reunión por Zoom ante todos estos malos entendidos que han surgido con respecto al trabajo del Comité, pero a mí por lo menos no me han indicado una reunión próxima”.

Para la ex rectora del Recinto de Río Piedras, el ‘malentendido’ sobre el costo de las reuniones se debe a que, “una vez le ponen título a la cosas pues ya nadie piensa. Es cuestión de seguir con el título, y alguien le puso el título de gastos alegres [a los costos de las reuniones] y ya no hay que pensar ni buscar explicaciones, basta con ponerle ese título. Eso me tiene muy preocupada, que no entendamos la verdadera naturaleza del trabajo. Porque hemos tenido, no recuerdo ahora el número exacto, pero póngale entre ocho y diez reuniones de cuatro horas o de tres horas cada una, con cada uno de esos especialistas, que son decanos, directores de programa, expertos en sus áreas [del Recinto de Ciencias Médicas], que se meten a esas horas de la noche después que salen de su trabajo. Póngale que eso lo hayamos hecho 10 veces, eso son horas que no están siendo subvencionados por nadie”.

Mencionó, además, que dentro del Comité se crearon subgrupos para trabajar áreas específicas. En su caso, forma parte del de Administración. Aunque aseguró que al momento los trabajos se han concentrado en pedir información a decanos, administradores, la exrectora, Wanda Waldonado, y la actual rectora, Ilka Ríos, no recuerda que les hayan presentado en detalle los planes de transformación administrativa y académica que fueron aprobados en 2016 por la Junta de Gobierno para el Recinto de Ciencias Médicas.

Huerta Rebozo sostuvo que el principal enfoque del Comité, “es evaluar todas las oportunidades de fondos, teniendo en cuenta las proyecciones que tenemos en cuanto a demografía en Puerto Rico… y la gran competencia que nos están haciendo las escuelas de

medicina privada. No creo que haya ningún interés en privatizar ningún servicio [del RCM]. Por lo menos desde mi punto de vista, eso no se está considerado. Creemos que la Universidad debe ser la universidad pública de Puerto Rico y de los puertorriqueños. Nosotros [los miembros del Comité] somos todos hijos de la universidad, yo soy producto del Recinto de Ciencias Médicas”.

Entre las ideas para generar fondos que han discutido, destacó atraer “a los hijos de los puertorriqueños que se han mudado a Estados Unidos a que vengan a estudiar a la Universidad de Puerto Rico; que la diáspora vea a Puerto Rico como su primera opción”.

Más de $13 millones sólo para implementar el Plan Fiscal

El decrecimiento de la población estudiantil en Puerto Rico se ha planteado como justificación a los recortes presupuestarios que sufre la universidad pública desde al menos el 2017. Sin embargo, estos recortes no guardan proporción con la cantidad de alumnos que sigue atrayendo la UPR. La asignación del Fondo General sufrió una reducción de 48% entre 2017 y 2022 mientras la matrícula de estudiantes disminuyó 23%, analizó el Centro para la Nueva Economía. A partir del 2023, la aportación del Fondo General a la UPR se fijó en $500 millones.

El Plan Fiscal actualizado de la UPR establece que a partir del año fiscal 2021 se reservan $13.3 millones del presupuesto de la institución para las operaciones por tres años de la OTI, oficina a la que responden los miembros del Comité de Colaboradores Externos.

Desde esta oficina, dirigida por la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno, Magdalisse Ramos Costa, ya se han otorgado, desde el 2019 hasta el 2021, sobre $2 millones en contrataciones para la implementación del Plan Fiscal a las empresas Bluhaus Capital LLC, Team One Consulting Group, Cedrela Consulting Group LLC y Milagros Gavilán Pérez.

  • Milagros Gavilán Pérez El 23 de diciembre de 2021, Velasco Bonilla firmó un contrato de servicios profesionales por seis meses con Gavilán Pérez por $90,000, “para la dirección de todos los trabajos relacionados a Ia iniciativa de evaluación externa independiente del Recinto de Ciencias Médicas”.

Gavilán Pérez reside en Virginia, es abogada y esposa del cabildero del PNP y exjefe de personal de los comisionados residentes Luis Fortuño y Jennifer González, Luis Bacó Sánchez. A una semana de firmar su contrato sostuvo una reunión con la rectora del RCM, Ilka Ríos, junto a su esposo y la Presidenta de la JG, según se desprende de una presentación de Ríos al Senado Académico.

Los servicios para los que fue contratada incluyen planificar y supervisar Ia iniciativa de evaluación externa independiente del RCM y el equipo encargado de Ia misma, coordinar las reuniones entre el Comité de Colaboradores, Ia OTI y el Comité Especial de Reestructuración de la JG, así como la redacción y edición del reporte final de evaluación externa independiente que debe ser entregado a finales de 2022.

Desde el 2018, Gavilán Pérez tiene contratos por $156,000 con la Administración de Asuntos Federales (PRFAA en inglés).

  • Team One Consulting Group La empresa de Antonio Pabón Batlle firmó un contrato de servicios profesionales con Velasco Bonilla en noviembre de 2021 por $75,000. Las funciones de Team One incluyen “consultoría administrativa para respaldar la iniciativa de Transformación Administrativa incluida en el plan

de trabajo de Ia Oficina de Transformación Institucional” y “evaluar procesos administrativos en la Universidad de Puerto Rico y cualquiera de sus unidades con el propósito de lograr estructuras de servicios compartidos en ciertas áreas administrativas y fiscales”.

A un mes de la contratación, la JG emitió una certificación autorizando un plan piloto de servicios compartidos entre los Recintos de Arecibo, Utuado y Aguadilla comenzando en enero de 2022. “Se implementará el Plan Piloto mediante fases comenzando con oficinas directamente relacionadas a las operaciones administrativas”, detalla la certificación.

Los representantes claustrales y estudiantil de la JG indicaron al CPI que no han recibido un informe de progreso sobre esta iniciativa pero lograron la aprobación de una moción para que se haga una presentación sobre el Plan piloto a los miembros de la comunidad universitaria.

  • Bluhaus Capital LLC

Desde el 2019, la empresa que dirige Alberto J. Toro Casellas ha logrado $1.6 millones en contrataciones con la Junta de Gobierno de la universidad para asesoría financiera, “apoyar el Plan Fiscal de la UPR y la Planificación e Implementación Estratégica de Transformación” ya que “tienen amplia experiencia en el sector gubernamental”.

Toro Casellas fue gerente de planificación estratégica de la oficina del presidente de Santander Securities LLC y asesor del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Desde el 2016 la empresa que dirige ha obtenido $9.7 millones en contratos con el Gobierno, principalmente con la Junta de Gobierno de la UPR y la AAFAF.

  • Cedrela Consulting Group LLC Empresa seleccionada para “el avalúo y análisis de los datos que se generen” a partir de las recomendaciones del Comité de Colaboradores Externos. También debe apoyar a la OTI en la “creación de una hoja de ruta transformacional del Recinto de Ciencias Médicas”. Anteriormente fue contratada para dar “servicios profesionales de consultoría de manejo de proyectos y análisis de datos para apoyar el cumplimiento financiero, operacional y legal de las iniciativas claves que impactan los flujos de trabajo (workstreams)” del Plan Fiscal de Ia UPR.

Cedrela está formada por los contadores David D. Lugo Hernández y Jorge Sánchez Rosa, y hasta ahora, tiene $290,400 en contratos con la JG. Desde el 2017, la compañía tiene contratos con otras agencias como la Autoridad del Puerto de Ponce, la Compañía de Fomento Industrial, el DDEC, el Departamento de Hacienda y la AAFAF, por un total de $7.5 millones.

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