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Presidenta del Colegio de abogados y abogadas quiere saber causas de tantos colgados en la reválida y pide moratoria en acreditaciones

Presidenta del Colegio de abogados y abogadas quiere saber causas de tantos colgados en la reválida y pide moratoria en acreditaciones

SAN JUAN (CyberNews)- La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño López, exigió el sábado al Tribunal Supremo para que divulgue el informe del Comité para el Estudio y Análisis de la Reválida, presidido por el juez asociado Ángel Colón Pérez, para conocer las razones por las cuales hay un por ciento alto de estudiantes de derecho que no pasan la reválida.

“Este comité tenía la encomienda de estudiar la nota de pase de la reválida de abogados y las causas del alto por ciento de desaprobación de ese examen. El contenido del informe no ha sido divulgado y compartido con la comunidad jurídica ni el país y la situación es cada vez más difícil para los egresados y egresadas de las tres Escuelas de Derecho, pues la acreditación de estas por la American Bar Association (ABA) depende del por ciento de aprobación de cada institución en un plazo de dos años. Todos conocemos los resultados de las últimas reválidas”, dijo Calcaño en declaraciones escritas.

El reclamo de la presidenta del Colegio, que agrupa profesionalmente a parte de los togados y togadas del país, se dio tras conocerse que solo aprobó el 22 por ciento de los aspirantes que tomaron la pasada reválida, ofrecida en marzo de este año.

“El alto porcentaje de fracasos demuestra que hay urgencia en conocer las causas de esta situación. Por eso su demanda de que el Tribunal Supremo divulgue las conclusiones y recomendaciones del informe preparado por dicho el comité”, añadió.

Además, le solicitó al ABA que conceda a las Escuelas de Derecho del país una moratoria, antes de aplicar los nuevos criterios de acreditación.

“La pérdida de la acreditación del ABA compromete el prestigio y la calidad de la educación jurídica de las Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Por esto es necesario atender el urgente reclamo de los egresados y egresadas de los estudios jurídicos para que se estudien las causas del bajo por ciento de aprobación del examen que los acredita para ejercer su carrera”, sostuvo.

“La situación se ha tornado alarmante y requiere el desarrollo de un plan de acción concertado entre las tres escuelas, los graduados en Derecho y el Tribunal Supremo, como autoridad reguladora de la profesión jurídica. El CAAPR  está  disponible para colaborar ante un asunto   que está revestido del más alto interés público. Se impone la transparencia y el compromiso de todos para encontrar una solución razonable y justa para los aspirantes y para el país que espera por sus servicios”, concluyó.

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