SAN JUAN (CyberNews) – Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra cuatro individuos: Juan José Castaño-Palomo (un ciudadano franco-colombiano) y los colombianos Carlos Alberto Bravo-Sarasty, Gustavo Rodríguez-Salazar y Emilson Yordao Quiñonez-Hachito, por conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, en violación de la Ley de Cumplimiento de la Ley de Drogas Marítimas (MDLEA) y violaciones de la Ley de Interdicción de Embarcaciones de Tráfico de Drogas (DTVIA), trascendió el lunes.

Según documentos judiciales, el 21 de marzo de 2024, mientras patrullaba el mar Caribe, un equipo de aplicación de la ley de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) a bordo del buque de la Armada de Estados Unidos USS Leyte Gulf ubicó un semisumergible a aproximadamente 132 millas náuticas al noreste de Trinidad y Tobago en aguas internacionales. Los oficiales de la ley de la USCG abordaron la embarcación. El abordaje llevó al arresto de los cuatro individuos y al decomiso de aproximadamente 2,370 kilogramos de cocaína (casi 6,000 libras).

Los cuatro acusados ​​comparecieron inicialmente ante el tribunal el 2 de abril de 2024, ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Marcos López, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son condenados, enfrentan una pena máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas y una sentencia máxima de quince años de prisión por violaciones de la DTVIA.

El fiscal de los Estados Unidos W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico y Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la Administración de Control de Drogas, hicieron el anuncio.

La fiscal especial adjunta de los Estados Unidos Helena Daniel y Max Pérez-Bouret, jefe de la Sección de Delitos Organizados Transnacionales, están a cargo de la acusación.

Esta acusación es parte de la Fuerza de Tarea de Cumplimiento de la Ley contra el Crimen Organizado (OCDETF) del Corredor del Caribe. OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los traficantes de drogas, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de mayor nivel que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque coordinado por fiscales, impulsado por la inteligencia y multiagencial que aprovecha las fortalezas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales contra las redes criminales.

Una acusación es simplemente una alegación, y todos los acusados ​​son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.