JENNIFFER GONZALEZ COLON

Comisionada Residente en Washington, DC

En lo único que LUMA Energy ha demostrado ser exageradamente eficiente es en pedir y lograr que el Negociado de Energía del gobierno de Puerto Rico les apruebe aumentos en las facturas que pagan los ciudadanos y los comerciantes.

Anoche (viernes 29) volvieron a imponer otro aumento en las facturas para los próximos tres meses, sin que LUMA haya demostrado ningún mejoramiento sustancial en el servicio, ni el avance de las obras de infraestructura para las que hay disponibles miles de millones de dólares de fondos federales.

He sido consistente en que un aumento en los costos de energía representa una carga más para nuestra clase trabajadora a quienes no les rinde el peso y un obstáculo para el desarrollo de la empresa privada y la economía en general de la isla.

Además, que es toda una falta de respeto al consumidor aprobar este aumento, en medio de la noche para pretender pasar desapercibido. Invito a aquellos funcionarios que aún no lo han hecho, a tener como prioridad velar por los mejores intereses de la ciudadanía en general y del sector privado al rechazar y aunar esfuerzos para condenar y encontrar soluciones a este incremento.

Un aumento en la factura de la luz no representa una mejor calidad de vida para ningún puertorriqueño.

Mi prioridad es el bienestar de mi gente y uno de los servicios básicos que debemos asegurar es precisamente el servicio de energía. Por ello hemos abogado siempre por una mayor fiscalización hacia LUMA, defendido las asignaciones federales que trabajamos en el Congreso y denunciando atropellos como el alza a la factura de energía.

LUMA pasará a la historia como el proceso de privatización que nunca más deberá realizarse. Resultó en un contrato leonino con todas las condiciones cargadas a favor de esa empresa y ninguna a favor del pueblo consumidor.

De ahora en adelante, ningún proceso de privatización debe realizarse como se hizo con LUMA Energy.

Propongo que siempre deberá seleccionarse a dos empresas proponentes, una con la primera opción para el contrato durante un periodo de prueba; y una segunda que pueda sustituir a la primera en caso de incumplimiento o pobre desempeño.

Si la segunda empresa demuestra estar disponible el gobierno podría reembolsable una parte sustancial de los gastos que tuvo para montar y presentar su propuesta, entre otros incentivos.

Otorgar contratos de esta magnitud e importancia a una sola empresa, como se hizo con LUMA, convierten al pueblo de Puerto Rico en rehén de los intereses corporativos.

Si el gobierno hubiera provocado las condiciones adecuadas, más empresas hubieran demostrado interés en participar hasta el final en ese proceso que culminó con la selección de LUMA. Se trataba de uno de los contratos más grandes del mundo para servicios e infraestructura eléctrica; y con una multibillonaria cantidad de dinero asignado.

Evidentemente, hubo una mala gestión del gobierno en promover mayor participación de empresas en aquel proceso de competencia y hoy estamos pagando las consecuencias.

Nadie dude que, si los propietarios y la gerencia de LUMA tuvieran a otra empresa haciendo turno para sustituirlos, estarían actuando de manera distinta a lo que han hecho hasta hoy en Puerto Rico.

Mientras el gobierno continúe defendiendo la ineficiencia de LUMA y justificando este contrato leonino, LUMA continuará por la libre cobrando millones por sus servicios y con toda la lentitud que no le cueste un centavo a esa empresa”.

Bajo mi incumbencia como comisionada residente, Puerto Rico ha recibido para la reconstrucción del sistema energético cerca de $17.1 billones distribuidos de la siguiente forma:

$4.9 billones bajo los fondos regulares para reparaciones de emergencia bajo la Asistencia Pública de FEMA; $1.8 billones bajo el programa CDBG-DR de Vivienda federal para mejorar la red eléctrica bajo la Ley de Presupuesto Bipartita de 2018; $9.4 billones para la AEE bajo la Estrategia de Premios Acelerados de FEMA (FAASt) en 2020 que sería para reconstrucción permanente a largo plazo del sistema; $1 billón en el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía, aprobado en la Ley de Presupuesto Consolidado de 2023; y acceso a más fondos bajo la Ley Bipartita de Infraestructura, entre otras.