LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia firmó el lunes varias medidas legislativas, incluyendo el Proyecto del Senado 45 que uniforma los requisitos para los comisionados del Departamento de Seguridad Pública. La ley exige un Bachillerato o seis años de experiencia para los comisionados de varios Negociados.

Pierluisi destacó la importancia de esta legislación, señalando que “establece estándares claros y consistentes para los líderes del Departamento de Seguridad Pública, lo que garantiza una mejor administración y supervisión en este sector crítico”, indicó en declaraciones escritas. La medida fue aprobada de forma unánime y entra en vigor inmediatamente.

Además, el gobernador aprobó el Proyecto del Senado 119, que asigna a la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para las Personas con Impedimentos la tarea de orientar a padres de estudiantes del Programa de Educación Especial sobre la patria potestad prorrogada. Otras leyes firmadas incluyen las Resoluciones Conjuntas del Senado 271, 314 y 406, que ordenan al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y a la Autoridad de Carreteras y Transportación a realizar trabajos de iluminación y otras mejoras en carreteras específicas, así como la evaluación para el traspaso de una antigua escuela a una fundación de salud.

El gobernador también explicó las razones para no firmar tres medidas. La Resolución Conjunta del Senado 391, que proponía asignar 562 millones de dólares del Infrastructure Investment and Jobs Act a los municipios para reparaciones de carreteras y puentes, fue rechazada por considerarla impráctica y por el riesgo de incumplimiento de normas federales.

El Proyecto de la Cámara 1715, que transfería responsabilidades de seguridad-protección e investigación a los municipios, fue rechazado por errores de redacción y posibles impactos fiscales a largo plazo.

Finalmente, el Proyecto de la Cámara 1078, relacionado con el cannabis medicinal, fue rechazado por no alinearse con los intereses del pueblo y por riesgos de arbitrariedad en la autorización de licencias. Pierluisi reafirmó su compromiso con una administración pública transparente y con la protección del programa de cannabis medicinal de intereses particulares.