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Panel sobre el FEI acoge recomendación de investigar al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez

Panel sobre el FEI acoge recomendación de investigar al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez

SAN JUAN (CyberNews) – Una querella que tuvo su origen en una carta remitida por la Junta de Control Fiscal (JCF) al secretario de Justicia, desembocó en que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designará un fiscal especial contra el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez y otros funcionarios de esa agencia, por supuestamente autorizar el pago por locales arrendadas cuyos contratos no estaban vigentes.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recibió la carta de la Junta de Control Fiscal y tras investigar los señalamientos, recomendó la designación de un FEI.

Los funcionarios y exfuncionarios a ser investigados, además del exsecretario, son Osvaldo Guzmán López, exsubsecretario de Administración; Carlos Malavé Irizarry, Secretario Auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares; y Evelyn Rodríguez Carde, directora de Finanzas del Departamento de Educación.

El Panel designó para la pesquisa a fondo al licenciado Manuel Núñez Corrada como fiscal especial independiente y al licenciado. Emilio Arill García como fiscal delegado.

Según se desprende del Informe de Investigación Preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la JCF a través de su Asesor Legal, licenciado Jaime El Koury, remitió al Secretario de Justicia los hallazgos de la evaluación de varios contratos de Educación.

El reclamo de la Junta fue que Educación desembolso ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos.

Culminada la investigación de la DIPAC, la prueba recopilada tiende a demostrar que los aludidos funcionarios pudieron haber incurrido en varias violaciones a los Artículos 262 y 264 del Código Penal.

El Panel justipreció el informe de la DIPAC con la prueba referida y les concedió a los mencionados fiscales el término de 90 días para profundizar en la pesquisa.

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