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“A Reymundo y todo el mundo” se va a investigar por el puente atirantado de Naranjito, advierte titular de Justicia 

“A Reymundo y todo el mundo” se va a investigar por el puente atirantado de Naranjito, advierte titular de Justicia 

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández advirtió el miércoles que el alcance de la investigación sobre el puente atirantado de Naranjito será amplio y tomará mucho tiempo.

“Cuando surge esta noticia y la contralora dice que va a investigar el caso, que se iba a comunicar con Justicia,  de hecho, se comunicó el jueves con la directora de la División de Asuntos del Contralor de aquí de Justicia, el viernes al otro día la llamé para ponernos de a cuerdo y estamos pautados para reunirnos este viernes, en esta misma oficina en este salón de conferencias, tanto la contralora, un especialista que ellos tienen, yo, el fiscal o la fiscal que va a estar trabajando en este caso y el director de Carreteras o la subdirectora de Carreteras y cualquier otra persona que deba estar presente”, dijo el secretario de Justicia a preguntas de la prensa.

Cuestionado, demás, sobre el tiempo en que tardaría esa investigación mientras se acorta el tiempo para la culminación de pagos pendientes sobre la construcción del puente atirantado.

“Hay un pago de trescientos mil y pico de dólares. Eso no es una cosa que no deba volver loco a este pueblo. Este pueblo lo que tiene que estar es hacer valer sus derechos para que estos abusos no vuelvan a ocurrir y si es un abuso. Estamos tratando… aquí va a haber una investigación, esto se trata de un daño continuo porque esto no es un daño que ocurrió hoy, que se puedan ver distintas cosas. También hay la posible conducta criminal. Hay varias situaciones”, dijo Emanuelli Hernández.

“Hay que hacer una auditoría de ese proyecto como tal, examinar contratos, examinar prueba pericial sobre cómo estuvo la estructura diseñada, cómo estuvo construida, si estuvo de acuerdo o no a los planos. Esto es una cosa que toma mucho tiempo”, dijo.

Posteriormente, cuestionado sobre el alcance de la investigación, Emanuelli Hernández contestó que; “A Reymundo y a todo el mundo”.

El puente fue inaugurado el 24 de octubre de 2008 y fue construido bajo la firma de Las Piedras Construction, a un costo de 31 millones, 819 mil, 351 dólares y diez centavos. La semana pasada El Nuevo Día reveló que este puente fue reparado utilizando cartón, y destapó el mal estado en que se encuentra la estructura, al tiempo que solo dos carriles son utilizados. El próximo 30 de enero, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cerrará la vía de rodaje para reparaciones.

El Departamento de Justicia presentó el miércoles, una demanda contra los principales fabricantes de insulina y los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) por haber incurrido en prácticas comerciales injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta un 1,200 por ciento de su costo original, así lo informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. 

“Estas compañías han creado un esquema de aumentos excesivos e injustificados en el precio de la insulina para su propio lucro y en detrimento de la comunidad de ciudadanos diabéticos en Puerto Rico. Nos parece un abuso hacia una población vulnerable en la isla, por lo que el Departamento de Justicia peleará por los pacientes para defender sus derechos, su bolsillo y acceso a la salud”, denunció el secretario en conferencia de prensa.

A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), el Departamento de Justicia representa al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc. Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos.

Los PBM o administradores de beneficios de farmacia son empresas subcontratadas por las aseguradoras de salud para manejar las compras y autorizaciones de medicamentos recetados a los pacientes. Estos controlan el listado de medicamentos cubiertos por las pólizas de seguros, pues tienen discreción para determinar cuáles se incluyen o excluyen del formulario.

Según reveló el secretario auxiliar de la OAM, el licenciado Guarionex Díaz Martínez, los PBM comenzaron a implementar la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran “rebates” o reembolsos y de amenazar a los fabricantes con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos, que es controlado por los PBM.

“Los fabricantes incrementaron sus precios para mantener su margen de ganancia, brindándole a los PBM reembolsos cada vez mayores, con el fin de que estos incluyeran su producto o les otorgaran preferencia. Mediante este esquema, se creó un incentivo enorme para que los fabricantes inflaran el precio artificialmente con el único propósito de ser incluido u obtener una posición favorable en el formulario del PBM. Los PBM retienen gran parte de esos reembolsos. Estos rebates o descuentos no se han traducido en costos más bajos para los pacientes. Todo lo contrario, los pacientes han tenido que costear el creciente aumento en precios, ya sea a través de copagos porque se exceden del límite de sus cubiertas o porque simplemente no cuentan con un plan médico”, explicó el licenciado Díaz Martínez.

Por ejemplo, si el precio del producto de insulina se fijaba en 100 dólares, y un PBM quería un reembolso de 40 dólares, el fabricante aumentaba el precio de lista a 140 dólares para poder otorgarle el “rebate” de 40 dólares al PBM y mantener la ganancia que generaría al dejar el costo en 100 dólares.

“Para que tengan una idea del efecto del esquema, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico el precio de la insulina producida por Eli Lilly puede fluctuar en los 300 dólares, en Canadá cuesta 30 dólares aproximadamente”, añadió Díaz Martínez.

El secretario de Justicia indicó que la demanda incoada por el Departamento “exige el cese y desista de dichas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustificadamente, el pago de los daños causados y el desembolso de las ganancias obtenidas mediante el esquema ilegal”.

Emanuelli Hernández añadió que este año 2023, “además de continuar reforzando las estrategias para combatir la criminalidad, con especial atención a la violencia de género y la corrupción, el Departamento de Justicia se enfocará en hacerle justicia a las poblaciones más vulnerables, mediante reclamaciones civiles como la presentada hoy y el recobro del dinero del pueblo”.

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