SAN JUAN (CyberNews) – La directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira  Maldonado Molina, anunció el domingo el retorno de la Oficina de Habilitación para el Servicio Público a la OATRH, con el objetivo de asegurar que los empleados públicos sean aptos y fomentar las mejores prácticas en la administración pública.

 “En esta cultura de cambio, buscamos transformar y convertir al gobierno en uno más eficiente, velando por cumplir con el mandato legislativo de habilitar a personas inelegibles para ingresar al servicio público, basado en la Ley 8-2017. La Oficina de Habilitación tiene como misión brindar nuevas oportunidades a quienes resultaron inelegibles para ocupar un puesto o contrato en el gobierno, siguiendo un estricto proceso de habilitación en cumplimiento con el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, dijo Maldonado Molina en declaraciones escritas.

El secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado-González, calificó este acuerdo como “un paso inicial y en la dirección correcta para devolver la Oficina de Habilitación a la OATRH”, cuya principal misión es apoyar los recursos humanos en el gobierno. Además, hay un proyecto en el Senado que busca formalizar la transferencia del personal de la Oficina de Habilitación a la OATRH

La Oficina de Habilitación estaba bajo la facultad del Departamento del Trabajo tras la aprobación de la Ley 8-2017, pero la OATRH continuó encargándose de la parte presupuestaria y administrativa, así como de los beneficios marginales del personal de dicha oficina. Ahora, ambas agencias han firmado un acuerdo para transferir la Oficina de Habilitación de vuelta a la OATRH.

Cualquier entidad gubernamental está impedida de nombrar a personas y otorgar contratos de servicios profesionales a favor de personas inhábiles, entiéndase, que hayan incurrido en conducta deshonrosa, sean adictos por uso habitual y excesivo de sustancias controladas y /o bebidas alcohólicas, hayan sido convictos por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral o hayan sido destituidos del servicio público sin haber completado el proceso de habilitación.