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New Fortress incumple la promesa del gas y el Gobierno lo permite

New Fortress incumple la promesa del gas y el Gobierno lo permite

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo

“Cumpleaños infeliz”, coreaban diez manifestantes en la oficina del legislador Edgardo Feliciano Sánchez el pasado 26 de agosto. Llevaron globos y un bizcocho hueco, “como las promesas huecas”, según Sary Rosario, del grupo de organizaciones comunitarias, religiosas y ambientales que se oponen a la empresa New Fortress. Esta compañía construyó un terminal de gas natural (gas metano) en la Bahía de San Juan sin contar con los permisos, y tiene a la comunidad a ciegas respecto a la seguridad de sus operaciones.

El grupo reclamaba a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, que dirige Feliciano Sánchez, por no actuar sobre la Resolución de la Cámara 170. Hace un año aguardan porque esa comisión siente a deponer a Wes Edens, fundador y principal ejecutivo de New Fortress, para que explique cuáles son los riesgos ambientales y de seguridad.

La Resolución, presentada en enero de 2021 por legisladores de todas las delegaciones políticas, fue referida a esa comisión en agosto de 2021, y tuvo tres vistas oculares y una vista pública, según el trámite de la Oficina de Servicios Legislativos. La medida, que buscaba investigar la forma y manera en que fue construido el terminal de New Fortres, está estancada, sin ningún otro movimiento, desde hace un año.

“No queremos esperar a que pase un accidente”, dijo Myrna Conty, una de las líderes ambientales que participó de la manifestación. Sostuvo que los vecindarios costeros de San Juan, Cataño y Guaynabo, que se ubican cerca de New Fortress, viven en un estado de “angustia” por lo que pueda pasar. “New Fortress no tiene un plan de desalojo que le informe a la comunidad”, denunció. La oficina de Feliciano Sánchez, del Partido Popular Democrático, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que por el momento no haría comentarios. El legislador recibió al grupo de manifestantes en su oficina el 29 de agosto, pero la batuta la llevó su contratista Obed Rojas, quien dijo que no era posible que el ejecutivo de New Fortress depusiera, denunció Conty. Rojas es un asesor legislativo que tiene prohibido entrar al hemiciclo cameral y fue sancionado, por una intervención indebida en actividades de la Cámara de Representantes.

La narrativa de altos líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el exgobernador Ricardo Rosselló y, luego su sucesora, Wanda Vázquez, enalteció la contratación de New Fortress. Después del huracán María, que en 2017 destruyó la red eléctrica y causó uno de los apagones más largos de la historia, los funcionarios calificaron el contrato con la empresa como uno de los más importantes para Puerto Rico.

Se trataba de “una nueva realidad” para traer “ahorros sustanciales” y generar una energía más limpia, decía Rosselló. Por su parte José Ortiz, ex director ejecutivo de la

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ensalzó el proyecto como “el primer paso, yo diría que casi un brinco, para la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico”, dijo en una conferencia de prensa en 2019.

Sin embargo, más de tres años después, aún no se ha cumplido esa promesa, sino todo lo contrario. New Fortress enfrentó problemas con la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC en inglés), ya que no siguió el proceso de permisos de esa agencia, y la AEE sospecha que la empresa dejó de entregarle durante seis meses parte del gas para venderlo en otros mercados y obtener mejores ganancias.

Anuncio sorpresa con “bombos y platillos”

Mirando hacia las murallas del castillo El Morro, sentada frente a su hogar en la costa oeste de la bahía, en Cataño, Lissie Avilés comenzó a observar un desfile de cargueros de gas que nunca había visto, junto a cruceros y embarcaciones que cruzaban el horizonte. Aun siendo vecina de la Bahía de San Juan, nadie le había avisado a su comunidad sobre la actividad gasífera que se cocinaba al extremo sur del cuerpo de agua, a pesar del posible riesgo para residentes y comercios aledaños. Las instalaciones residenciales, comerciales e industriales localizadas a “distancias considerables” podrían afectarse por explosión, fuego y radiación termal en caso de accidente, y afectar especialmente al barrio Sabana de Guaynabo, sostuvo Jorge Colón, catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, durante una de las vistas públicas de la Resolución de la Cámara 170.

Los miembros de la comunidad supieron en marzo de 2019, tras una conferencia de prensa en la que el ex gobernador Ricardo Rosselló anunció “con bombos y platillos”, según lo percibió Avilés, que la empresa estadounidense New Fortress instalaría un centro de procesamiento y distribución de gas natural frente a la Central San Juan de la AEE.

“Nosotros comenzamos a levantar bandera de qué permisos tiene New Fortress, de qué fue lo que hicieron”, relató la vecina de Cataño. El grupo de organizaciones

comunitarias y religiosas, en la que participa Avilés, le comunicó a la FERC que New Fortress no había solicitado los permisos para establecer su terminal de gas en San Juan, lo que provocó que esa agencia interviniera y determinara que, en efecto, tiene jurisdicción sobre las instalaciones ya construidas.

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, en la capital federal, le dio la razón a la FERC en junio de este año y ahora la importadora de gas tiene que ajustarse al escrutinio de la agencia reguladora, que exige una declaración de impacto ambiental y explicaciones sobre la seguridad de las operaciones de New Fortress en Puerto Rico, explicó Pedro Saadé, uno de los abogados ambientales que, junto a Ruth Santiago, ha acompañado a los vecinos en sus reclamos legales.

“Para las comunidades, esto va a significar que ahora tendrán algún tipo de participación en este proceso”, dijo Saadé.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, dijo al CPI en una entrevista que no estaba satisfecho con la compañía. “Obviamente es muy desafortunado todo lo que está ocurriendo”.

Colón, acérrimo defensor del gas natural como puente para la transición a un sistema con fuentes renovables, heredó el tribulado proyecto de New Fortress de su antecesor, Ortiz. “Nosotros entendemos que New Fortress, al igual que cualquier entidad, tiene que cumplir con todas las reglamentaciones estatales y federales. De hecho, esa es la premisa de que ese terminal esté ahí. Y esa fue la representación que se le hizo a la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel entonces, cuando este proyecto comenzó”, sostuvo Colón.

El director ejecutivo de la AEE aseguró que tiene claros cuáles son los pasos a seguir ante la situación que enfrenta New Fortress con la FERC: “Si el proceso que va a iniciar

[con la entidad federal] determina que ese terminal no puede operar según se le fue representado a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues nosotros iniciaremos a través de nuestra área legal el proceso para rescindir el contrato, porque nosotros no podemos tener un contrato con ninguna entidad que no está autorizada a operar aquí de manera legal. Es que esa es la consecuencia directa. No hay otra opción”.

Ahora New Fortress debe responder a la FERC preguntas fundamentales para las comunidades, comercios y actividades industriales aledañas: ¿Qué sucedería si ocurre un accidente? ¿A qué distancia llegará el fuego y la dispersión de gases? ¿Qué sectores se pueden afectar? New Fortress alegó confidencialidad sobre esos temas ante la FERC y la entidad federal aceptó no divulgar la información, por lo que esas respuestas no las conoce nadie, ni las comunidades que se podrían afectar.

“Estamos escasos de información de la que agarrarnos…Todo está a puerta cerrada”, denunció Hernaliz Vázquez Torres, una de las líderes del Sierra Club que fue a la legislatura a manifestarse y cantar cumpleaños. Lo poco que se sabe es que la FERC le pidió a New Fortress que le provea los documentos usados para su evaluación de riesgo, porque entiende que el modelaje utilizado subestima las consecuencias. Es decir, si ocurre un accidente, los efectos pueden ser mayores que lo que indica la empresa.

La Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) aprobó la construcción sin una consulta de ubicación, sin vistas públicas y sin una Declaración de Impacto Ambiental, explicó Saadé. El CPI preguntó a la secretaria auxiliar de la OGPe, María Reina Cintrón, por qué la agencia aprobó el terminal sin el proceso requerido y si, luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revisará el permiso de New Fortress. La funcionaria alegó en declaraciones escritas que la consulta de ubicación y las vistas públicas no eran necesarias porque los predios de la empresa se encuentran en un distrito industrial pesado que así lo permite.

Según Cintrón,“todas las agencias participantes y con jurisdicción en el proceso de la evaluación de impactos ambientales” entendieron que el impacto podría evaluarse y

discutirse a través de una Evaluación Ambiental, cumpliéndose así con todo los requisitos legales y reglamentarios, en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental. La OGPe no tomará acción adicional, indicó, porque sigue las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que en 2020 concluyó que era injustificable un caso contra el proceso que se siguió para la construcción del terminal.

A raíz del riesgo que representa la operación gasífera, la Guardia Costera estableció en 2020 una zona de seguridad en la Bahía de San Juan, desde la boca hasta el extremo sur. Cuando entra cualquier barco cargando gas natural, no puede haber otro a media milla a su alrededor, lo que restringe momentáneamente la navegación y el movimiento de otros combustibles por la zona.

Estos problemas se habían previsto y la AEE lo sabía. La corporación pública comisionó un estudio, publicado en marzo de 2017, dos años antes de la llegada de New Fortress, que concluía que los costos y riesgos operacionales de construir instalaciones de gas licuado en San Juan eran bastante altos.

A New Fortress le falló la maniobra legal

La empresa matriz de la gasífera local es New Fortress Energy, inscrita en Delaware y que cotiza en bolsa bajo las siglas NFE. Esta explicó a sus inversionistas que había construido las instalaciones para que no cumplieran con la definición de la FERC de lo que es un terminal de gas natural licuado. De esta forma, hizo una interpretación legal para no regirse por la agencia reguladora cuando planificó su negocio en Puerto Rico, según se desprende del más reciente informe anual 10-k que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores federal.

Así es su negocio: trae a la Isla el combustible del extranjero, enfriado a menos 260 grados Fahrenheit para hacerlo líquido y reducir significativamente su volumen, lo que permite transportarlo a menor costo. Sus instalaciones en San Juan reciben el gas por medio de unas mangas que se conectan desde los cargueros Ineos Independence e

Ineos Insight, que funcionan como unidades de almacenamiento y que a su vez se recargan de las embarcaciones Coral Encanto y Coral Energy.

Descarga el combustible en camiones, para distribuirlo a clientes industriales, y al mismo tiempo lo envía por tuberías a la Central San Juan de la AEE, que se ubica junto al muelle, según documentos ante la FERC.

La FERC contradijo a New Fortress al señalar que sus instalaciones sí se consideran propias de un terminal de gas natural porque cumplen con tres criterios que caracterizan a ese tipo de infraestructura. Primero, el equipo se usa exclusivamente para descargar gas importado a un estado o territorio de EE UU; segundo, las actividades se llevan a cabo contiguas al punto de importación, por medio de una manguera conectada a un tanquero; tercero, las instalaciones están conectadas a una planta de generación adyacente (por un tubo de 10 pulgadas de diámetro por 75 pies de largo). Estos son parte de los argumentos con los que FERC probó que tenía la razón ante el tribunal.

La decisión “significa un fracaso de New Fortress de evadir la jurisdicción y los procesos ante FERC”, dijo Saadé. Las consecuencias del caso tienen relevancia para todo EE UU y territorios, puesto que confirma la amplitud de la jurisdicción de la FERC y delimita lo que puede ser considerado una tubería de gas.

La determinación llegó en momentos en que los altos precios de los combustibles importados, como el diesel, han provocado un incremento importante en el monto de la factura eléctrica que pagan los consumidores. Antes de la decisión, la AEE intentó defender el proyecto ante la FERC mediante sus representantes legales, el bufete King & Spalding. La corporación pública sostuvo que las instalaciones habían hecho posible reducir “significativamente” la dependencia del diésel, un combustible fósil contaminante. Entre los beneficios estaba lograr la confiabilidad de la red eléctrica y disminuir las emisiones de dióxido de azufre, por el que la región de San Juan es una zona de incumplimiento ambiental. Esa era la

postura de la corporación pública bajo el liderato de Colón, en los días en que New Fortress comenzaba a incumplir con su responsabilidad de entregar el gas y a poner en riesgo la generación en la Central San Juan.

El abogado que representó a la AEE ante la FERC es James F. Bowe, quien aceptó en una vista ante el Negociado de Energía que el bufete King & Spalding tiene entre sus clientes a empresas que pertenecen a la matriz de New Fortress. Un asociado de ese bufete, Steve Kupka, dejó entrever en una comunicación la bonanza que vendría: “Habrá claramente muchas oportunidades para que los clientes de King & Spalding participen en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, proyectos de LNG [gas natural licuado] y otras necesidades de energía renovable para la AEE”.

Kupka ha sido identificado como uno de los colaboradores de la campaña del ex gobernador Ricardo Rosselló, y se le vio en una foto con el ex mandatario en La Fortaleza en 2018, en la cual etiqueta al cabildero y exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte, quien ya no ocupaba cargo público.

El abogado Brittain Rogers salió de King & Spalding en 2013 para trabajar en el grupo de empresas Fortress Investment Group, y en su trabajo con ese grupo corporativo inscribió en el Departamento de Estado de Puerto Rico a New Fortress, bajo el nombre NEFEnergía LLC

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