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Estados Unidos expresa inquietud por las decisiones del presidente tunecino

Estados Unidos expresa inquietud por las decisiones del presidente tunecino

Túnez, 15 feb (EFE).- Estados Unidos expresó este martes su inquietud por la decisión del presidente tunecino, Kais Saied, de decretar la disolución del Consejo Superior de Magistratura (CSM)- la más alta instancia judicial del país a la que acusa de corrupción- y defendió la independencia del poder judicial. 

«Estamos preocupados por el decreto del presidente tunecino (…) La pasada semana nos sumamos a otros socios que comparten las mismas ideas para subrayar que un sistema judicial independiente es el elemento esencial de una democracia eficaz y transparente», declaró el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, en una declaración publicada en las redes sociales. 

La embajada estadounidense en el país magrebí reveló que los subsecretarios adjuntos de Estado, Karen Sasahara y Christopher Le Mon, se reunieron este lunes con representantes de la sociedad civil tunecina para discutir sobre los recientes acontecimientos políticos y judiciales.

Días antes, en una entrevista concedida al canal internacional francés TV5 Monde, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró igualmente preocupado por la situación en Túnez e instó al dirigente a regresar a la vía democrática a riesgo de «paralizar progresivamente el desembolso de las ayudas macrofinancieras previstas».

El mandatario promulgó el sábado pasado un decreto ley para la disolución del CSM y su remplazo por un órgano «provisional» así como para otorgarse el poder de suspender a los jueces del cargo en caso de «violar sus deberes profesionales» y prohibirles el derecho a huelga. 

La decisión fue contestada por las diferentes organizaciones de magistrados que denuncian una injerencia del Ejecutivo; por lo que amenazan con una huelga general indefinida de la profesión. 

El jefe del Estado suprimió un mes antes los «privilegios» de los 45 miembros de este órgano constitucional- creado en 2016 para nombrar a los jueces y preservar la independencia de la justicia- que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos. 

Sus críticos le acusan de sesgo político además de ocultar pruebas y dilatar los juicios sobre los asesinatos de los políticos de izquierda Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, tiroteados por extremistas salafistas en 2013.

Desde que el 25 de julio de 2021 Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes alegando la necesidad de «recuperar la paz social».

Esta iniciativa ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como «golpe de Estado», mientras otros consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali. EFE

nrm/pddp

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