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Contra la privatización de playas

Contra la privatización de playas

Esther Alaejos

Agencia EFE

Piquetes, caceroladas y acampadas. Así protestan los puertorriqueños contra la continua privatización de los espacios públicos, en especial las playas, a pesar de que la ley dicta el libre acceso a estas áreas.

El movimiento «Las playas son del pueblo» lucha desde hace años contra este fenómeno ante la construcción de hoteles y fincas privadas en estas zonas y el cobro en algunas por el acceso.

«El Gobierno de Puerto Rico, administración tras administración, ha desmantelado y les ha quitado fondos, presupuestos, recursos a nuestros vigilantes y a muchas áreas de recursos naturales para que sistemáticamente no funcionen», lamenta a EFE Lauce Colón, activista en defensa de las áreas de dominio público.

Colón está centrado en particular en la defensa de la Cueva del Indio, en Arecibo, un enclave destacado por su valor arqueológico de la época de los indios taínos, y uno de los ejemplos de privatización que se lleva a cabo en Puerto Rico en los últimos años.

ACCESOS VALLADOS

«En el año 2016 el empresario José González adquirió tres fincas aledañas y colocó vallas cerrando los accesos al sitio arqueológico y a la designada desde 2005 Reserva Marina y, desde 1992, Reserva Natural Cueva del Indio», denuncia la activista Alegna Malavé tras realizar una acampada de protesta.

A sus 51 años, Malavé, explica que cuando los ciudadanos intentan acceder al lugar, Carlos Mena, el administrador del sitio, increpa directamente a los activistas «con armas de fuego asegurando que eso es una propiedad privada» y cobra 10 dólares por estacionar el vehículo.

En contrapartida, el empresario González comenta a EFE que se puede acceder por la playa a la Cueva del Indio y no es necesario abrir una servidumbre de paso por su propiedad privada. También califica a los activistas de «vándalos» y solicita al Gobierno poner seguridad.

A mediados de noviembre, por primera vez, la Cueva del Indio fue rotulada por una organización comunitaria para recordar que está designada como Reserva Natural y Marina por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y registrada como un sitio arqueológico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

DEFIENDEN ECOSISTEMAS

Puerto Rico también reclama la defensa de los ecosistemas en los que viven especies en peligro de extinción que se ven afectadas por este tipo de construcciones.

Un ejemplo es el tinglar, un animal incluido en la lista de especies en peligro de extinción desde 1970, que es altamente migratorio, pues baja desde Canadá a zonas tropicales como Puerto Rico para reproducirse.

«Un ecosistema que tiene desde el agua de mar y los seres vivos, las tortugas, todo eso ha sufrido un proceso enorme de daños. Nosotros, que llevamos muchos años nadando en el Escambrón, hemos visto el deterioro», asegura a EFE, Gradissa Fernández.

La activista, de 50 años, forma parte de Escambrón Unido, un movimiento que intenta evitar la construcción de un estacionamiento para 500 vehículos en este parque junto a la playa en San Juan. «Estamos aterrados ante lo que esto va a significar para la contaminación, y para la privatización del parque,» denuncia Fernández, durante una reciente manifestación frente a la alcaldía de San Juan.

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