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Representante del PIP busca que agencias cumplan con demoler construcciones ilegales en Bahía Jobos

Representante del PIP busca que agencias cumplan con demoler construcciones ilegales en Bahía Jobos

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció el lunes, la radicación de la resolución 331 que busca ordenar a la Junta de Planificación (JP), a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y al Consorcio de Permisos CCVS de los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas a concertar los esfuerzos necesarios para presentar un recurso extraordinario en representación del interés público a los fines de solicitar la demolición de obras construidas sin permisos en la Reserva Nacional de Bahía de Jobos en Salinas.

“La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico confiere a la JP, así como a cualquier entidad gubernamental concernida, municipio autónomo o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del gobierno, autoridad para presentar un recurso extraordinario para solicitar la demolición de obras construidas ilegalmente en representación del interés público,” expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.

Previamente el portavoz cameral del PIP había cuestionado la postura de la JP, entidad pública que se desvinculó de las construcciones ilegales en Bahía Jobos, alegando no tener jurisdicción.

“El artículo 14.1 de la ley para la Reforma del Proceso de Permisos establece claramente que la JP, incluyendo el Consorcio, tienen la responsabilidad y el poder de llevar a cabo la acción de eliminar las construcciones ilegales en la zona de Bahía de Jobos en Salinas ante los tribunales. Renunciar a ello es traicionar su política pública, es traicionar el país y renegar asumir una responsabilidad que a todas luces les corresponde”, indicó entonces Márquez Lebrón.

Según Márquez Lebrón, ninguna de las obras realizadas en las áreas señaladas en la Bahía Jobos cuenta con permisos de construcción y su mera presencia representa un crimen ambiental que tiene que ser revertido cuanto antes.

“Resulta fundamental que las entidades gubernamentales con competencia legal para ello descarguen sus obligaciones en ley y, ante la flagrante ilegalidad de estas construcciones, se pongan a trabajar y cumplan con su deber ministerial”, finalizó Márquez Lebrón.

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