WASHINGTON (CyberNews) – Congresistas y líderes de derechos civiles exigieron el miércoles al Departamento de Justicia de Estados Unidos que condenara los ‘Casos Insulares’, decisión judicial que promovió la gobernanza colonial en territorios de Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de rectificar un error histórico al rechazar de manera inequívoca la doctrina discriminatoria y racista de los ‘Casos Insulares’”, expresó el miembro Jerrold Nadler del Comité Judicial de la Cámara.

Una carta bipartidista fue enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, firmada por 43 miembros del Congreso, incluyendo a la congresista Stacey Plaskett (D-V.I.) y al senador Dick Durbin (D-Ill.), quienes denuncian la persistencia de estos casos y su influencia racista y colonial.

“El Departamento de Justicia ha dado pasos en la dirección correcta al criticar ‘aspectos’ de los racistas ‘Casos Insulares’ como ‘indefendibles y repugnantes’. Pero es hora de que el DOJ vaya más allá y rechace de manera inequívoca estas decisiones racistas, tanto como lo ha hecho con otras opiniones de la Corte Suprema que se basaron en estereotipos racistas que no se ajustan al mandato de igualdad y respeto por la ley de la Constitución”, dijo el miembro de rango. Raúl Grijalva.

Organizaciones y aliados apoyan el llamado, destacando el impacto de estas decisiones en la discriminación sistemática hacia los 3.6 millones de habitantes de territorios estadounidenses.

“Es hora de que el DOJ denuncie los ‘Casos Insulares’ para proteger los derechos constitucionales y humanos en los territorios”, comentó Frankie Miranda, Presidente y CEO de Hispanic Federation.

Líderes como el gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryan Jr., y Manuel Quilichini del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, han instado también al Departamento de Justicia de Estados Unidos a condenar estas prácticas.

“El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de enmendar su histórico y continuo error al rechazar inequívocamente la doctrina discriminatoria y racista de la incorporación territorial establecida por los ‘Casos Insulares’”, dijo Quilichini, presidente de CAAPR, quien escribió al DOJ a principios de este mes. Esto siguió a una resolución de 2022 de la Asociación de Abogados de América y cartas similares de la Asociación de Abogados de las Islas Vírgenes y la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York al Departamento de Justicia.