SAN JUAN (CyberNews)- El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández calificó como información “incompleta, inexacta y que induce a error” la publicación del informe de auditoría realizada por la Oficina del Contralor, para el periodo de 2018 al 2023.

“Cada uno de los hallazgos fue respondido y aclarado con datos y evidencia. Sin embargo, la publicación incompleta omitió la respuesta de la agencia, induciendo a error y dando la impresión equivocada de la existencia de deficiencias administrativas por situaciones, en su mayoría fuera del control del Departamento, que surgieron previo a nuestra incumbencia y que han sido atendidas y corregidas”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

En todas las contestaciones del Departamento de Justicia, el informe, establece que “Consideramos los comentarios del secretario (de Justicia), sin embargo, el Hallazgo prevalece.

Emanuelli Hernández expresó su desacuerdo con los hallazgos de la auditoría, “que denotan el desconocimiento sobre los procesos jurídicos por los que se rigen la agencia. Además, cuestionó que se omitiera la respuesta del Departamento, que desmiente aseveraciones contenidas en el informe y aclara las medidas implementadas para atender varias situaciones que ocurrieron previo a su incumbencia”.

Según el secretario, las afirmaciones de la Oficina del Contralor sobre la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ reafirman el desconocimiento del manejo de los casos criminales. Las investigaciones en la DIPAC no se pueden enmarcar en un periodo de tiempo para cada investigación, ya que su complejidad y las controversias legales no son iguales.

El tiempo que conllevan las investigaciones se puede ver afectado por un sinnúmero de variables externas, fuera del control del fiscal, tales como: la cantidad de sospechosos; la disponibilidad de testigos; las controversias a resolver; el tiempo que se toma la contestación de los requerimientos o la entrega de evidencia solicitada; la evidencia pericial y análisis técnico o especializado, entre otros.

Los fiscales adscritos a la DIPAC investigan con la mayor diligencia las querellas y procesan aquellos casos donde haya prueba más allá de duda razonable que sostenga la convicción por el delito imputado. Además, se han designado fiscales adicionales para atender la mayoría de las investigaciones en curso.

En la división hay un sistema computadorizado en el cual se recopila toda la información relativa a los casos que se atienden y se realizan informes detallados y rigurosos, que sustituyen procesos burocráticos de antaño que a juzgar por el informe.

La DIPAC se rige por lo establecido en la Ley Núm. 205-2004 y existe reglamentación vigente que regula los procesos investigativos de los fiscales del Departamento de Justicia. El Departamento ha sido diligente en revisar la política pública y órdenes administrativas conforme a las leyes, cuando resulta necesario.

El secretario informó que, desde mayo de 2022, el Departamento de Justicia implementó un nuevo sistema para el registro y pago de nómina mediante el cual se descuenta automáticamente cualquier balance por licencia de enfermedad u otro concepto. El sistema está integrado al Departamento de Hacienda y evita que se incurra en pérdidas por balances de cuentas por cobrar. Asimismo, indicó que desde el inicio de sus funciones el Departamento ha realizado las gestiones de cobros de balances de años previos a su incumbencia, incluyendo la deuda de $103,350 desde el 2019, que corresponde a un empleado que falleció de cáncer. Incluso, para asegurar el pago de las deudas, el Departamento de Justicia ha presentado acciones de cobro ante los tribunales y ha referido al Departamento de Hacienda 98 casos de cobro; dato que también omitió la publicación divulgada.

La actual administración ha tenido que lidiar responsablemente con situaciones heredadas, que incluyen instrucciones impartidas por administraciones anteriores hasta la pérdida de datos como consecuencia del huracán María, en el año 2017.

En el informe también se indica que el Departamento de Justicia tiene 138 demandas pendientes de resolución en el foro judicial. “Esto denota falta de conocimiento sobre los procesos judiciales en Puerto Rico. Son los tribunales los que adjudican, emiten las resoluciones y controlan el calendario de los procesos judiciales. Por lo que presentar esto como un hallazgo es un error”, añadió el titular de Justicia.