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Comisionada Residente acude a la Corte Suprema de Estados Unidos en defensa de un trato igualitario para Isla en el Seguro Social Suplementario

Comisionada Residente acude a la Corte Suprema de Estados Unidos en defensa de un trato igualitario para Isla en el Seguro Social Suplementario

WASHINGTON (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó hoy, martes, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un recurso de amigo de la corte, para abogar  por un trato igualitario  en el programa del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

González presentó el recurso en respaldo a la sentencia de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en el caso Estados Unidos vs. Vaello-Madero, emitida el 10 de abril de 2020, donde se reconoce la igualdad de los derechos de los ciudadanos americanos que residen en el territorio.

Cabe destacar que el pasado 20 de enero, la comisionada le pidió al presidente Biden que retirara la petición de certiorari del Gobierno federal en el caso Vaello Madero y que permitiera que la decisión que declara discriminatoria la exclusión del programa SSI de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, sea final y firme.

Ante la negativa de la administración Biden, la comisionada sometió su alegato a la Corte Suprema, donde explica cómo el estatus territorial es la barrera para que lo residentes en la Isla tengan un trato igualitario y abunda sobre la necesidad de la ayuda y lo que representaría para salir de la pobreza y poder subsistir para los posibles recipientes.

“Como comisionada residente, la parte compareciente tiene interés en mejorar la condición de los más vulnerables de sus representados: los adultos mayores bajo el nivel de la pobreza y los discapacitados. Como miembro del Congreso sin derecho a voto y representante de los residentes de Puerto Rico ante el Gobierno Federal, la comparecencia puede brindar una perspectiva adicional sobre las injusticias económicas creadas por el déficit democrático que resulta de la condición territorial de Puerto Rico, y que perpetúan el trato discriminatorio hacia ciudadanos americanos en Puerto Rico en programas sociales”, lee el documento.

Abogan también por la igualdad en el SSI

A este reclamo se unió como amigos de la corte el gobernador Pedro Pierluisi y el senador Carmelo Ríos Santiago.

“Es lamentable que por razón de nuestro estatus colonial tengamos que escuchar argumentaciones de gobiernos republicanos y demócratas de que el Congreso puede discriminar contra el ELA porque somos un mero territorio. La Estadidad es la única fórmula que le dará a Puerto Rico un trato justo como ciudadanos americanos”, señaló Ríos Santiago, secretario del PNP.

Los abogados del PNP en este caso son de la prestigiosa firma Williams & Connolly y los licenciados Carlos Sagardía, Ramón Rosario Cortés y Alejandro Figueroa.

Bajo el programa SSI, el gobierno federal brinda asistencia económica directa a personas de bajos ingresos mayores de 65 años y personas con discapacidades, incluyendo a menores de edad. A diferencia del Seguro Social, que se financia con impuestos específicos sobre la nómina, el SSI se financia con los ingresos generales.

En 2013, los pagos de SSI redujeron del 63% al 42% el número de beneficiarios que vivían por debajo del nivel de pobreza. El programa actualmente paga un beneficio máximo de 794 dólares al mes a solteros o 1,191 dólares al mes a parejas. El beneficiario promedio recibe 586 dólares por mes y el beneficiario promedio menor de 18 años recibe aproximadamente 693 dólares por mes.

El SSI está disponible para ciudadanos americanos que viven en uno de los estados. Sin embargo, el Distrito de Columbia y en el territorio de las Islas Marianas del Norte; las Islas Vírgenes, Guam, Puerto Rico y Samoa Americana están excluidas del programa. En Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes en lugar de SSI, reciben asistencia suplementaria a través del Aid to the Aged, Blind and Disabled Program (AABD), una subvención limitada del Departamento de Salud federal al establecimiento de SSI.

La AABD es administrada en Puerto Rico por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia del Departamento de la Familia (ADSEF). Puerto Rico tiene que igualar el 25% de los fondos que recibe de la AABD, requisito que no aplica al SSI. Puerto Rico recibe $26 millones de dólares bajo AABD, lo que hace el pago promedio de 82 dólares por mes a cada beneficiario.

La implementación de SSI en la Isla representaría un aumento de más de 50 veces la ayuda que los residentes de Puerto Rico que reciben actualmente para asistencia suplementaria bajo la AABD.

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