EL CAPITOLIO (CyberNews)-La Cámara de Representantes aprobó, de forma unánime, la resolución Conjunta 604 la cual ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico dejar sin efecto el cargo de 300 dólares para realizar el estudio de capacidad para los que van a instalar sistemas de energía fotovoltaica.

Según LUMA Energy, el cargo se supone que lo paguen las compañías que se dedican a instalar sistemas de energía solar, pero alrededor de 1,400 clientes supuestamente han recibido la factura con el cargo especial. Al 31 de diciembre de 2023, unas 110 mil residencias cuentan con sistemas fotovoltaicos.

La medida, del representante por San Juan, Víctor Parés y el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara Carlos ‘Johnny’ Méndez, fue avalada con 42 votos a favor.

“Este es un cargo excesivo e innecesario ante la nueva realidad en Puerto Rico relacionado al incremento en la instalación de estos sistemas fotovoltaicos. Y contrario a fomentar la política pública declarada en la Ley 17-2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, la cual establece como meta lograr que en el año 2025 el 40 por ciento de la energía que se produzca en Puerto Rico sea renovable, y para en el 2050 abandonar totalmente el uso del petróleo y carbón”, expresa la Exposición de Motivos de la Resolución.

La medida establece que el Negociado dejará sin efecto las disposiciones contenidas en el inciso (3) del Artículo B (Revisión Mediante Estudio Suplementario y Proceso Expedito) en el Reglamento Número 8915 de Interconexión del Sistema de Distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Participar En Los Programas De Medición Neta del 6 de febrero de 2017, el cual ordena a los clientes interconectados con sistemas de energía fotovoltaicas a pagar el monto de 300 dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica con el propósito de realizar un estudio suplementario de capacidad energética.

La razón de este estudio, de acuerdo con el Reglamento, es determinar si es necesario realizar mejoras al sistema de distribución eléctrica de la Autoridad o cambios al diseño de la generación distribuida, para lograr una interconexión segura y confiable.