SAN JUAN (CPI) – El Departamento de Salud de Puerto Rico volvió a ser demandado este lunes por no proveer información pública e ignorar solicitudes sobre datos e informes relacionados a su respuesta a los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020, y el huracán Fiona.

Esta es la quinta vez que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recurre al tribunal para que ordene a Salud cumplir con el derecho de acceso a la información.

“El CPI fiscaliza y da seguimiento continuo a los efectos y consecuencias de los desastres socioambientales, en especial a la respuesta de salud pública para atender a las poblaciones que dependen de servicios eléctricos para subsistir, y el Departamento de Salud no nos ha ofrecido la información que le solicitamos desde octubre”, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.

El recurso especial de acceso a la información pública presentado en el Tribunal Superior de San Juan pide que se ordene a Salud y su secretario, Dr. Carlos Mellado López, proveer la información solicitada en cumplimiento del Artículo 4 de la Ley de Transparencia (Ley 141-2019) y los principios constitucionales sobre acceso a la información en Puerto Rico.

El periodista del CPI Eliván Martínez Mercado solicitó la información a portavoces del Departamento, e incluyó informes, comunicaciones y planes correctivos que deben estar en manos de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud de Puerto Rico, que es la designada para la preparación y respuesta en salud pública.

En particular, pidió los informes de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos para los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020 y el huracán Fiona, y que fueron recibidos por la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud.

La Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) es la dependencia que lidera a nivel federal la preparación, respuesta y recuperación médica y de salud pública ante desastres y otras emergencias de salud pública.

También se solicitaron a Salud los informes de Análisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para los años de 2014 a 2017 o la base de datos de pacientes que dependen de electricidad y que están conectados a aparatos que les extienden la vida, bajo lo que se conoce como el programa federal “emPOWER”.

De igual forma, el periodista pidió comunicaciones de 2017 a 2023 entre la Oficina de Bioseguridad de Salud y sus aliados, públicos o privados, relacionados a los pacientes dependientes de electricidad.

El recurso legal aclara que no es necesario recibir información personal o de salud protegida sobre pacientes. Dichos datos pueden ser tachados o suprimidos en cada documento a ser entregado.

La Ley de Transparencia establece como política pública que la información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.

El CPI es representado en este caso por el abogado, Carlos Francisco Ramos Hernández, y Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.